Además de la división de poderes –legislativo, ejecutivo y judicial–, uno de los pilares del Estado de Derecho es que ningún ciudadano pueda ser condenado, de no haberse demostrado, de manera clara y fehaciente, su culpabilidad...Pero si la muerte de la presunción de inocencia ya ha llegado a la sociedad civil, y si cualquiera de nosotros que sea llamado a declarar se nos convierte en un delincuente por subir las escaleras de un juzgado, donde la destrucción de las más elementales garantías jurídicas salta, es cuando se tropieza con Hacienda.
