Uno de los documentales más notables de John Pilger, que lleva una historia poco conocida a una amplia audiencia, es Stealing a Nation, sobre cómo los gobiernos británicos expulsaron despiadadamente a la población de las Islas Chagos, una colonia de la corona en el Océano Índico, a fines de la década de 1960 y principios de los años 70 para dar paso a una base militar estadounidense en Diego García, la isla más grande.
No sorprende que el Partido de la Izquierda, en la tradición de la socialdemocracia, traicione las luchas de las masas. Porque el gobierno de Berlín es un gobierno de ricos y lo seguirá siendo. También está estrechamente relacionado con los tiburones inmobiliarios y no se puede reformar desde dentro.
La expropiación masiva de viviendas en Berlín, iniciativa que se había ido desinflando desde la celebración de las elecciones, el pasado 26 de septiembre, cobra ahora nuevo impulso. El responsable es el Partido Socialdemócrata (SPD), que anoche cambió su postura y votó a favor de legislar las expropiaciones «lo más rápidamente posible». La dirección del SPD había tratado de debilitar una solicitud de las juventudes, los Jusos, ante el congreso del partido. Pero finalmente se impuso por sorpresa y radical giro a la izquierda.
La fatídica estatización impulsada por la actual Vicepresidente destruyó el valor bursátil de YPF, y podría condenar al país a asumir una deuda de US$ 20.000 millones por un litigio en los tribunales de Nueva York. El juicio por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) está próximo a arrojar las primeras resoluciones
El titular del juzgado 101 de Madrid, Pedro José Puerta, ha emitido una resolución que ordena al Estado chileno pagar 551,77 millones de dólares (alrededor de 520 millones de euros) a los propietarios españoles del diario El Clarín, confiscado por el dictador Augusto Pinochet el mismo día en que dio el golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973, antes incluso de dirigir los tanques hacia La Moneda, sede del Gobierno chileno que en aquel momento presidía el socialista Salvador Allende.
La primera y más obvia lección que podemos extraer de la confiscación de los bienes de los oligarcas rusos es que la Rusia anterior al 24 de febrero no era una oligarquía, como muchos creían, sino una autocracia autoritaria. En lugar de estar gobernada por unos pocos ricos, lo estaba por una sola persona. Para sacar esta conclusión (bastante obvia), tenemos que volver a la justificación inicial dada para la amenaza de incautación de activos.
El proceso permitirá el regreso a sus dueños de fincas destruidas tras la administración del Estado, pero sin indemnizaciones o pagos compensatorios a los afectados
El propietario del terreno paga una contribución y ya no podrá ni venderlo ni edificar. Pero había otra forma de hacer las cosas. El hombre proponía que la línea de media tensión fuese soterrada, que pasase por debajo de su propiedad, como ocurre en otras zonas del trazado, de manera que la afección fuese inexistente. Sin embargo, todas las alegaciones que presentó debidamente razonadas fueron desestimadas.El propietario afectado afirma que hubo «mala fe» cuando enseptiembre de 2020 descubrió que ya estaban obrando en su propiedad sin avisar.
Desde un punto de vista legal, se trata de la "gestión externa" de las empresas extranjeras que han abandonado Rusia. La esencia de las propuestas es la siguiente. Si la administración de cualquier empresa, más del 25% de la cual es propiedad de extranjeros, decide sobre la terminación "injustificada" de las actividades, entonces la empresa debe transferirse a la administración de la administración interina.En la práctica, esto significará que los gerentes designados por el estado tendrán todos los poderes para administrar las empresas. Tra#1
La invasión de Ucrania por parte de Rusia ya ha provocado la salida de empresas españolas del país, el cese de la producción de algunas de ellas o el cierre de tiendas por parte de marcas como Zara, Tous o Mango. No obstante, otras mantienen allí sedes o filiales y se plantean qué hacer con sus directivos y con sus negocios. Así lo explica César Salagaray, director del área de precios de transferencia dentro del departamento fiscal de DLA Piper.
Cada vez proliferan más los testimonios de personas que han visto sus terrenos (a menudo, campos agrícolas de los que dependen para subsistir) expropiados por la Administración para entregarlos, acto seguido, a una promotora privada que los inundará de paneles solares para su exclusivo beneficio económico.
España ha sacado todo su arsenal diplomático para tratar de salvar el capital de una empresa española en Colombia. El choque legal entre el Gobierno de Iván Duque y el Canal de Isabel II, la mayor empresa pública de Madrid, está servido. El Ministerio de Exteriores y la embajada española realizan contactos al más alto nivel para solucionar el problema. El país sudamericano ha aplicado una ley diseñada contra paramilitares y narcos para expropiar y vender las acciones con las que controlaba la empresa Triple A.
El Gobierno completa la factura de las compensaciones a los fondos y concesionarias por las nueve vías de peaje quebradas tras el pinchazo inmobiliario
Las tierras de cientos de agricultores serán expropiadas para instalar parte de las 3.000 plantas proyectadas de energía solar y eólica. Se les ofrece un alquiler extraño que beneficia al promotor o se les expropia sus terrenos. Ante la avalancha de solicitudes las administraciones están poniendo moratorias y avisando que "hay que mantener las garantías a los desarrolladores de proyectos, pero sin mermar las garantías de las personas que viven en el territorio" . Se subdividen parques grandes en otros más pequeños para que los autoricen otras.
La Junta de Extremadura expropia de forma forzosa los terrenos en los que se ubica el yacimiento arqueológico de 'Casas del Turuñuelo', en la localidad pacense de Guareña, para "posibilitar la contemplación" de este Bien de Interés Cultural, y ante las "infructuosas negociaciones" llevadas a cabo con los propietarios.
En Galicia entró en vigor en mayo una ley, la de Tierras Abandonadas, que ha sembrado la preocupación en el Gobierno central. Un total de 44 de sus artículos han sido objetados por distintos ministerios, que acusan a la Xunta de extralimitarse en sus funciones e invadir competencias reservadas al Estado.
La mayoría de los votantes de Berlín votó a favor de expropiar más de 200.000 inmuebles a los grandes tenedores de la ciudad. ¿Se trata de una medida factible, barata y eficaz para solucionar el problema de la vivienda?
Los votantes de la capital de Alemania, Berlín, han votado a favor de aprobar una iniciativa electoral que exija la expropiación de las grandes empresas inmobiliarias y comerciales y que una nueva empresa de vivienda pública gestione los alquileres. Estas empresas inmobiliarias cuentan con más de 3.000 pisos en la capital, y en base a esta iniciativa algunos de ellos serían "socializados" o puestos en manos de la gestión pública. Esto afectaría a cerca de 240.000 apartamentos, en torno al 15 por ciento del parque de vivienda berlinés.
Conviene recordar a Casado, cuando acusa al Gobierno de expropiador, que la expropiación más grande en democracia la llevó a cabo su partido en los 90, al quitar a los españoles la propiedad de empresas públicas muy rentables para dársela a inversores privados. Y sin pasar por las Cortes.
La ampliación del Prat no es, por supuesto, el único caso en el que la oposición de los vecinos o de las autoridades locales frena un plan de inversiones por causas medioambientales. Pero es, sin duda, el más llamativo. Y lo es porque al tratarse de una inversión estratégica para España, cuyo PIB es muy dependiente del turismo y de sus actividades conexas, aflora un debate sobre los límites de las competencias locales y autonómicas y el interés general.
Referéndum Berlinés quiere expropiar 240.000 viviendas. "Con fines de socialización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva".
Los ciudadanos de Berlín podrán votar el próximo 26 de septiembre sobre la expropiación de 240.000 viviendas a grandes fondos con carteras de más de 3.000 unidades. Esta consulta se podrá realizar gracias a una ley local que permite llevar a referéndum una petición firmada por al menos el 7% del censo electoral (170.000 personas). En este caso, el movimiento ‘Mietendeckel’
'Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía' ha logrado que el próximo 26 de septiembre, día de las elecciones generales y de comicios al Ayuntamiento de la capital alemana, los berlineses voten sobre remunicipalizar casas de grandes dueños de vivienda de la ciudad.
