Antes de Sánchez, diferentes voces clamaron contra el lawfare, los bulos y los movimientos de las cloacas cuando los que lo sufrían eran otros: partidos independentistas, Podemos, y políticos como Pablo Iglesias, Irene Montero, Mónica Oltra, Ada Colau, Alberto Rodríguez; Pisarello, Asens y los comuns; Victoria Rosell… etc. El ejemplo del partido morado fue especialmente sangrante, con casos que aparecían en época electoral, duraban meses o años y acababan en nada. Que abrían portadas y telediarios y luego se ninguneaban cuando se archivaban

La exalcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau, y el exlíder de Unides Podem en el Congreso y candidato de Sumar a las elecciones europeas, Jaume Asens, se embarcarán en la Flotilla de la Libertad, que en los próximos días zarpará desde Estambul hacia Gaza con un millar de activistas y un cargamento de 5.500 toneladas de ayuda humanitaria. La expedición estará formada por un carguero que llevará 350 contenedores de ayuda y otros tres buques.

El gobierno municipal de Barcelona ha decidido modificar el Plan especial de usos de actividades vinculadas al reparto a domicilio, aprobado en enero del año 2023 bajo la alcaldía de Ada Colau. El ejecutivo socialista de Jaume Collboni flexibiliza ahora las condiciones de implantación de cocinas industriales y agencias de paquetería y logística en los polígonos industriales.

La estrategia judicial de la ultraderecha contra los políticos de izquierda sigue siempre el mismo guion: denuncias falsas o con poca entidad que suelen prosperar en los tribunales ante la complicidad de una judicatura conservadora y la inestimable colaboración de medios igualmente conservadores que le dan un amplio eco mediático al asunto.

Los socialistas tienen la confianza de poder aprobar los presupuestos en mayo ante la extrema dificultad de que otras fuerzas conformen una mayoría alternativa. También valoran, aunque a medio plazo, que ERC entre en el gobierno, ya que la aritmética no da mayoría a los otros partidos. El alcalde, el socialista Jaume Collboni, sabía que sería difícil que los comunes aprobasen las cuentas, ya que no había aceptado las exigencias de su antecesora, Ada Colau, para entrar en el Gobierno municipal

Quintana aprovechó que la capital de España se había convertido en algo así como un atractivo de cabecera para el lujo: "Si traen dinero, no vamos a poner pegas... Como madrileña, me llena de orgullo". "¿Queremos que vengan los perroflautas como antes? ¿Que nos pase como a Barcelona y vengan los perroflautas?". Colau respondió: "La buena economía es la que beneficia a la mayoría de la gente, no a los cuatro especuladores listillos de turno". "Tú le llamas 'perroflautas', yo le llamo democracia y defensa del derecho a la vivienda y a la ciudad"

El Tribunal de Cuentas ha archivado una denuncia de Agbar, la empresa que gestiona el agua en Barcelona, contra el consistorio barcelonés por las subvenciones a entidades sociales otorgadas durante el mandato de Ada Colau en el Ayuntamiento. Es la segunda causa de la sociedad de aguas contra el anterior gobierno de los comuns que se cierra en el ente fiscalizador.

En concreto, el acuerdo contempla que Elisenda Alamany sea la primera teniente de alcalde y ERC asumiría a su vez las áreas de promoción económica, limpieza, vivienda y derechos sociales. Por el momento, no está la previsión que Barcelona En Comú entre en el Ayuntamiento como llevan pidiendo los de Colau desde que Collboni se hizo con el bastón de mando. La intención del alcalde es poder llegar a acuerdos puntuales con Junts o Comuns para alcanzar la mayoría y poder desarrollar medidas.

Personal de mantenimiento, limpieza, conserjes, profesores industriales, músicos… la escabechina de despidos por no superar la prueba de catalán ha afectado a todas las áreas del funcionariado del Ayuntamiento de Barcelona. ¿Las víctimas? Un total de 39 interinos, de entre 50 y 60 años, algunos de ellos trabajando en su puesto desde hace más de 26 años. ¿El verdugo? El gobierno socialista de Jaume Collboni

El archivo después de tres años de imputación del caso Neurona contra Podemos y el de la querella del fondo buitre Vauras contra Ada Colau y dos de sus concejales en el Ayuntamiento de Barcelona, que la Audiencia Provincial ordenó investigar en abril de 2022, podría ser una ocasión propicia para que la cúpula judicial se pronunciara sobre el uso ilegítimo de la Justicia para desgastar a los oponentes políticos.

Se podría haber archivado el caso sin más. Pero una jueza ha querido dejar constancia del intento de utilización de la Justicia por parte del fondo buitre Vauras. En palabras de la magistrada, la querella se hizo por “fines ajenos a los del procedimiento penal”, para obtener el “efecto mediático que supone involucrar a un político” en una causa penal pese a conocer que la exalcaldesa no tuvo “ninguna participación” en los hechos denunciados, “simplemente porque no le eran favorables las políticas de vivienda” del mandato de los comuns.

Segundo carpetazo a la denuncia que el fondo buitre Vauras interpuso contra la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y dos de los concejales de su equipo de gobierno. La jueza descarta que la líder de los comuns o los ediles coaccionaran al fondo en el conflicto que les enfrentó por el desahucio de familias vulnerables que ocupaban un inmueble de la firma inmobiliaria.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha retirado este viernes en el pleno municipal la palabra al concejal de Vox Liberto Senderos por entender que incurría en una actuación homófoba, después de que el edil asegurara que los datos de abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia católica “están manipulados” y que tanto políticos como educadores y homosexuales son colectivos que registran tantos o más abusos a menores que los religiosos sin que los medios de comunicación lo reflejen.

La iniciativa, que colocó a Barcelona en la vanguardia de políticas de vivienda para recuperar el parque público, fue aprobada en julio de 2018 con el apoyo de ERC, PSC y CUP. La ley obligaba a los promotores de nuevas viviendas y de rehabilitaciones a destinar el 30% de las viviendas al parque público con una serie de excepciones. El movimiento de vivienda acusa al alcalde Jaume Collboni (PSC) de dejarse arrastrar por el lobby inmobiliario y de recurrir a los votos del PP y Xavier Trías para derogarla.