Feijóo: No existen antecedentes de que el Tribunal Constitucional corrija al Supremo. Bastan 5 minutos en Google para comprobar que es mentira

El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de amparo que presentó la familia de un hombre que murió por ahorcamiento cuando estaba detenido en los calabozos de una comisaría de Policía contra la decisión de los tribunales de archivar la investigación que se llevó a cabo sobre dicha muerte al considerar que no se practicaron las diligencias necesarias.

Según la Fiscalía es “constitucionalmente inasumible” permitir que la jurisdicción penal pueda “fiscalizar sistemáticamente la 'legalidad' de los proyectos de ley antes –o al margen– de su toma en consideración, su valoración, enmienda y aprobación o no por los Parlamentos”. En este caso proyectos de presupuestos que, año tras año, eran aprobados posteriormente en el Parlamento regional. Los jueces, critica la Fiscalía, han intentado disociar sus decisiones y su papel como político y eso ha llevado a aplicar el Código Penal a un proceso irregul

El Tribunal Constitucional será una vez más el campo de batalla en el que los partidos libren algunas de sus principales batallas políticas a lo largo de este año. Será el destino más inmediato de la futura ley de amnistía cuando las derechas presenten sus previsibles recursos y dictará sentencias sobre normas como el Ingreso Mínimo Vital, la ley trans, la del 'solo sí es sí' o la reforma que derogó el delito de sedición, además de otras como la reforma del aborto o la Ley de Memoria Democrática.

El Partido Popular está hasta el tejado de la sede de la calle Génova de que las cosas no le salgan bien, por eso se ha atrincherado en el Senado con su mayoría absoluta y este martes aprobó la reforma del artículo 133 del reglamento para alargar hasta el infinito y más allá, si pudieran, la aprobación de la propuesta de ley de amnistía del PSOE y sus socios parlamentarios, que según todos los portavoces consultados, tiene la mayoría absoluta asegurada y, por tanto, luz verde para su entrada en vigor.

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado el impuesto a las grandes fortunas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a los 3 millones de euros, al rechazar el recurso presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz-Ayuso. De hecho, subraya que las facultades autonómicas no pueden interpretarse hasta el punto de neutralizar las estatales. Además de Madrid, han impugnado este nuevo impuesto los gobiernos de Andalucía, Galicia y Murcia.

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado por unanimidad que un juez autorice la vacunación de una menor contra la COVID-19 en caso de que los padres estén en desacuerdo. Los magistrados han desestimado el recurso de amparo que había presentado la madre de una niña de 11 años contra las resoluciones judiciales que autorizaron que se vacunara a la menor.

Isabel Serra, Portavoz de Podemos: El Tribunal Constitucional desampara a Irene Montero ante la condena del Tribunal Supremopor defender a las madres protectoras..No sólo es una decisión vergonzosa contra ella sino contra las mujeres y niñ@s que sufren violencia. El mensaje es que ni una ministra ni nadie se atreva a apoyarlas sin represalias.

El PSOE lleva semanas deslizando la idea de que, una vez que haya nuevo Gobierno de coalición, se estudiará una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Fuentes del bloque minoritario del órgano de garantías consultadas por EL MUNDO muestran su profundo malestar porque se incluyera en el fallo una opción legal de renovación del Consejo cuando esa cuestión era ajena a las impugnaciones procesales recogidas en el recurso de Vox.

Una pieza especialmente relevante ahora que el PP ha anunciado que si se aprueba una ley de amnistía, la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, formado por una mayoría progresista de siete magistrados frente a cuatro conservadores. Si el Senado aupase a un nuevo togado a la corte de garantías a propuesta del PP, la balanza seguiría inclinada hacia el sector progresista, pero los conservadores acortarían la distancia a dos magistrados.

Catalunya ha publicado durante la XIV Legislatura un total de 146 normas con rango de ley. De ellas, se han impugnado solo seis ante el Tribunal Constitucional (TC) por parte del Gobierno de Sánchez. En contraste, destacan en Moncloa, de lo sucedido con las sucesivas legislaturas con Mariano Rajoy al frente del Gobierno, entre los años 2011 y 2018. Durante ese periodo el Estado interpuso recursos al TC hasta en 44 ocasiones.

El Tribunal ha decidido que los padres fundadores establecieron, en su infinita sabiduría, que son los tribunales quienes deben tener la última palabra interpretando leyes. En vez de burócratas desconocidos trabajando en un sótano en alguna oficina con goteras en Washington los que deciden sobre sustancias contaminantes, estándares para aprobar medicamentos, protocolos de seguridad en reactores nucleares o los requisitos de señalización en una línea ferroviaria quienes pueden y deben analizar y aprobar todas estas cosas son los jueces.

Tras robarnos el PP durante toda una legislatura la representación democrática en el CGPJ nacida de las urnas, impresiona ver el desparpajo con que Feijóo destruye la realidad desplegando indecencia con tanta desfachatez que es que no se le mueve ni un músculo de la cara.

Los magistrados subrayan que no es necesario que la víctima diga explícitamente "no" ante intentos de besarla. "Lo esencial para que no haya delito es el consentimiento", declaran.

Fuentes del PP han informado a EFE del nombramiento de Macías, caracterizado en los últimos meses por ser especialmente crítico con la amnistía y el Gobierno de Pedro Sánchez, para ocupar la plaza que estaba vacante en la corte de garantías. Macías viene a cubrir la vacante del magistrado Alfredo Montoya, que fue elegido a propuesta del PP en el Senado y que renunció a su cargo por motivos de salud el 27 de julio de 2022

Así lo ha asegurado en una publicación de la red social X (antes Twitter), dónde ha afirmado que el PP de Alberto Núñez Feijóo «no se conforma» con «haberle entregado» al jefe del Ejecutivo el Tribunal Constitucional (TC) sino que «ahora» quieren entregarle el Tribunal Supremo y el CGPJ.

Las organizaciones detrás del llamado Juicio por el Clima —Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo— han presentado ante el Tribunal Constitucional una demanda contra el Estado español por inacción climática. Con ello, el movimiento por el clima español usa el último cartucho judicial estatal para que la demanda, que fue desestimada por el Tribunal Supremo en junio de 2023, sea aceptada.

Así consta en el acuerdo adoptado, recogido por Europa Press, en el que la Sala de Gobierno insiste en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un “menoscabo del derecho de de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses”.

Me denuncia por mis publicaciones en la red social X, cuyo contenido considera que tiene “connotaciones antisemitas” y que han sido realizadas “en un contexto de radicalización en España de carácter antisemita”. Me denuncia porque considera que estas publicaciones “pudieran provocar una incitación (directa o indirecta) en personas radicalizadas, a la consumación de actos violentos contra el denunciante u otras personas de MCI". Se me denuncia por quien soy, un periodista y activista antirracista comprometido con la causa palestina.