Un joven abogado insignificante llega malherido y por casualidad a un polvoriento pueblo sin ley en el que se oyen constantemente silbar las balas. Nadie supone en aquel momento que los conocimientos jurídicos de aquel hombre van a cambiarlo todo. Donde casi nadie sabía leer, va a haber escuelas. El bar que era un refugio de jugadores y borrachos, va a ser el lugar en el que se ejerza por primera vez la democracia. La gente va a dejar de temer por su vida y ya no van a mandar los que mejor disparen, sino las instituciones democráticas.

Los hechos son inquietantes. La certeza de que existe una operación por trasladar el sentimiento generalizado de salvapatrias en la judicatura a la acción política se está haciendo cruda en formas de autos, sentencias y recursos. El kraken togado se desató en octubre de 2017 contra el independentismo y ya ha adquirido vida propia al actuar sin necesidad de que nadie le dirija más allá del profundo sentimiento reaccionario mayoritario unido al sesgo de clase que les lleva a tratar a la antiespaña como un impostor del poder. Se ha desatado la…

Llevamos muchos años sufriendo esta falta de medios en los juzgados del Campo de Gibraltar, pero se hecho aún más evidente desde que está en marcha el Plan Especial en la lucha contra el narcotráfico. Esto ha supuesto un resultado estupendo, a nivel policial, del que no nos quejamos, pero choca con la situación que viven los juzgados. Se crea un cuello de botella porque no están preparados para absorver ese enorme volumen de trabajo. Y si los juzgados no están a la altura, toda la labor previa no sirve para nada.

¿Cuál es la situación este nuevo 23S, 366 días después? Los encarcelados fueron quedando libres unos meses más tarde, tras aceptar la Audiencia Nacional que los supuestos «precursores» en ningún caso eran explosivos. Sin embargo, la investigación se mantiene sobre trece personas, con un objetivo indisimulado de llegar algún día a la ilegalización de la organización que reúne a los comités independentistas. Y tres de ellas (Jordi Ros, Alexis Codina y Germinal Tomàs) siguen señaladas por la Guardia Civil como «núcleo productor»,

Este trabajo tiene por objeto el análisis de las reglas sobre la valoración de la prueba de indicios fijadas por la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, n.o 532/2019, de 4 de noviembre. En esa importante resolución, la Sala de lo Penal recopila sus criterios sobre la valoración de prueba e incorpora algunos novedosos. No obstante, varios de esos principios recogidos por la sentencia son muy discutibles, de forma que el artículo aborda de forma crítica su corrección epistemológica.

La Guardia Civil ha detenido a un magistrado del Tribunal Constitucional acusado de un delito vinculado con la violencia de género. Fuentes cercanas al caso informan a El Confidencial de que el magistrado Fernando Valdés, designado a propuesta del PSOE, ha sido conducido a comisaria aunque por el momento se desconocen los detalles del episodio que ha conducido al arresto. Valdés es aforado por lo que su vinculación con los hechos tendrá que ser instruida por el Tribunal Supremo.

La República es la gran desconocida, una losa gigantesca pesa sobre ella y sus políticos. Pese a los años transcurridos desde la Transición Democrática, no se ha restituido la memoria del personal político republicano, con todos sus aciertos y desatinos. Especialmente, me centraré en dos ministros de justicia: Fernando de los Ríos Urruti, socialista y republicano y Manuel de Irujo Ollo, nacionalista vasco.

La mayoría de las asociaciones judiciales han 'celebrado' el fracaso, al menos hasta el momento, de las conversaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para la formación de un gobierno en coalición. Y no por cuestiones genéricas de tipo ideológico sino por el freno a una propuesta en la esfera judicial que unía a Sánchez e Iglesias: la defensa de un sistema de ingreso en la Judicatura que limite o incluso elimine el peso de la vía de la oposición para mitigar el "elitismo" en la carrera judicial y/o garantizar

"En diez años como jueza he visto una denuncia falsa por violencia de género". Esteve lleva diez años ejerciendo la judicatura en constante formación y desde su posición en una localidad periférica reclama que se dote al sistema judicial de medios para poder llevar a cabo su trabajo como la ley y las víctimas exigen. La magistrada reivindica la necesidad de formación de los funcionarios de justicia y los cuerpos policiales, tal como recogen los convenios internacionales, para hacer efectiva la prevención de los delitos.

Si algo ha facilitado el recorte de derechos civiles que hemos sufrido en este país,ha sido la ley con que Gallardón rediseñó las más profundas entrañas de la alta judicatura..se ha logrado impulsar en el Congreso un acuerdo de mínimos para modificar la estructura del CGPJ; el acuerdo asegura que estos nombramientos lo sean por mérito,capacidad y paridad,favorece la transparencia de las decisiones del Consejo,y recupera para la magistratura los derechos laborales que el PP les recortó en el 2012. No es a las élites a las que ha de servir..

María Pilar de Oliva Marrades, en la Comunidad Valenciana desde 2010, es la única presidenta de los 17 Tribunales Superiores de Justicia autonómicos, una figura prácticamente reservada a magistrados hombres. En las nuevas promociones que ingresan en la carrera judicial a través de una oposición los rostros de mujeres eran mayoritarios frente a los de los hombres. Pero, ¿cómo se eligen los doce miembros del TC? Cuatro son nombrados a propuesta del Congreso, otros cuatro a propuesta del Senado, dos por el Gobierno y los últimos dos por el CGPJ.

El grupo Anonymous ha hecho pública la supuesta identidad de un quinto juez que participó en los correos insultantes contra políticos catalanes y contra el movimiento independentista. Según ha publicado este grupo en Twitter, se trata de la jueza de instrucción Leire Aparicio Martínez.

La Comisión ejecutiva de la Unión Europea abrió el lunes un nuevo caso legal contra Varsovia por cambios en el Tribunal Supremo de Polonia, que según los críticos socava la independencia este poder y el estado de derecho, ambos principios clave para la Unión. "La Comisión opina que estas medidas socavan el principio de independencia judicial, incluida la inamovilidad de los jueces", declaró el organismo con sede en Bruselas en un comunicado. Le ha dado a Polonia un mes para responder, lo que significa que el procedimiento no evitará…

La carga de trabajo es el principal factor de riesgo psicosocial –vinculado a los conceptos de estrés o fatiga- de jueces y magistrados, según los resultados del primer informe de evaluación de riesgos psicosociales de la Carrera Judicial, cuya elaboración fue encargada por el Consejo General del Poder Judicial en desarrollo del Plan de Prevención de Riesgos. Así, mientras el porcentaje de hombres que se sitúan en el nivel de riesgo “muy elevado” es del 80 por ciento, el de mujeres asciende al 87 por ciento.

Con la aparición de los Estados modernos, las parcelas del poder quedaron divididas al modo que conocemos. Por eso el fenómeno de la politización de la justicia no es nuevo en absoluto. En sus últimas tres etapas, la del Estado liberal, el de bienestar y la actual, se ha producido una enorme expansión administrativa que creó las bases para una corrupción de nuevo tipo que descansaba sobre el nombramiento de cargos, la gestión de gigantescos recursos, la concesión de contratos. Es un fenómeno antiguo pero de mayores dimensiones.

Ecologistas en Acción asegura que la democracia está involucionando en nuestro país y se refiere a España como «un estado cada vez más totalitario, donde algunos jueces, en lugar de garantizar los derechos de la ciudadanía, hacen acusaciones con argumentos impropios y surrealistas».

"La competencia [de la AN] está forzada desde el principio", explica Almeida. "Desde mi punto de vista, en base a lo que dice el Código Penal, la sedición, a diferencia de la rebelión, es un delito contra el orden público". La reforma del Código Penal de 1995 determinó que sólo el empleo de la violencia podría incurrir en el delito de rebelión, más grave, y que en caso contrario, cualquier actuación que impidiese el normal funcionamiento de la ley sería "sedición. La sedición es diferente a la rebelión, y si ese delito afecta a ciudadanos…"

La decisión de la Fiscalía de amenazar con la detención de 712 alcaldes catalanes no ha encontrado un seguimiento unánime en el mundo judicial y ha generado alarma en sectores, en principio propicios a las medidas que se habían adoptado hasta la fecha para frenar la posibilidad de un referéndum.

Estados Unidos es uno de los pocos países que tienen el sistema del gran jurado, aunque no todos los estados lo utilicen, y sus reglamentos varían según el estado. (La mayor parte de la gente está familiarizada con el jurado de iguales, formado por 12 personas, que decide la culpabilidad o la inocencia de un acusado por voto unánime, luego de deliberaciones que pueden durar horas o semanas). He aquí en qué se diferencia el gran jurado: Los grandes jurados no terminan la culpabilidad o la inocencia, solamente deciden si hay evidencias…

Argumentando limitaciones presupuestales, y pese a que fue promesa de campaña su creación en anteriores administraciones, el gobierno estatal eludió sistemáticamente el compromiso de crear el Consejo de la Judicatura.

Su trayectoria descubre que Eligio Hernández es un convencional convencido: es socialista simplemente por ser militante del PSOE; es republicano, nada menos que vicepresidente de la Fundación Juan Negrín, pero paradójicamente al mismo tiempo rinde pleitesía a un rey impuesto por Franco con la excusa de su pretendido papel vertebrador en la convulsa transición; un humanista, dice, aunque proclive a limitar la entrada de extranjeros a las islas; un servidor público que por orden del “Número Uno”, es decir, Felipe González, fue capaz de…

Organizaciones feministas se dirigen al Ministerio de Justicia y al CGPJ para alertar de una sentencia que alude al Síndrome de Alienación Parental, según el cual un progenitor aliena a su hijo en contra del otro Ha sido rechazado por las principales organizaciones científicas e invalidado por el CGPJ, cuyas fuentes reconocen que, a pesar de ello, siguen existiendo sentencias que lo utilizan La Asociación Española de Neuropsiquiatría rechaza su uso y lo define como "castillo en el aire" de Richard Gardner, su creador.

La juez de Vigilancia Penitenciaria número 3 de Madrid, María del Prado Torrecilla, quien decretó este lunes el tercer grado penitenciario al expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra fue suspendida en sus funciones durante siete meses por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2003. Se le sancionó por las presiones que ejerció sobre su compañera Reyes Jimeno en favor de la concesión del tercer grado penitenciario al exbanquero Mario Conde, quien en esos momentos cumplía condena por el 'caso Banesto'.

El magistrado valenciano Juan Carlos Mompó es el juez más eficaz de España según el Consejo General del Poder Judicial. Su juzgado, el número 1 de Primera Instancia de Valencia, va tan al día que los señalamientos de los procedimientos se realizan a una media de un mes. Eso es algo impensable en otros juzgados que están señalando hasta a un año vista. De hecho, la celeridad no es mayor por los propios plazos que marca la ley.