En verano del año pasado, la Ley Rider cumplía su primer aniversario y no lo hacía en su mejor momento. Uber Eats se sumaba a Glovo en el desafío de la norma y volvía a repartir con autónomos. Tras varios avisos de Trabajo de que sería “implacable” para hacer cumplir la norma, Yolanda Díaz anunció en septiembre que llevaría a las compañías “rebeldes” ante la Fiscalía para que fueran juzgadas en los tribunales de lo penal. Un año después, Trabajo aún no ha eactuado y finalmente quienes han dado el primer paso han sido colectivos de riders.

Por haber encubierto el uso de falsos autónomos. A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo en 2020, que dictaminó la naturaleza laboral de la relación entre Glovo y sus repartidores, la empresa ha persistido en su modelo de negocio. De hecho, la situación se recrudece para ellos. Fuentes de Trabajo han confirmado ya que en los próximos días van a trasladar a la Fiscalía la petición para que actúen y apliquen la reforma del artículo 311 del Código Penal.

Pese a la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba que los repartidores de las empresas de plataforma debían ser considerados trabajadores por cuenta ajena, pese a las inspecciones de trabajo con sus correspondientes sanciones, la empresa española Glovo ha continuado realizando las mismas prácticas de contratación ilegales. Se les acusa de delitos de estafa, defraudación a la hacienda pública y a la Seguridad Social, así como a los derechos de los trabajadores.

La Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, ha prorrogado el acuerdo de colaboración con la Fundación Altius, vinculada a los Legionarios de Cristo, y con Glovo para la gestión y distribución de los comedores sociales públicos de la región. El pasado 28 de agosto, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales renovó el convenio que establece las condiciones para garantizar este servicio a las personas vulnerables.

Voy a aprovechar para hacer un hilo de las cosas que me han dicho repartiendo bajo la lluvia (yo iba en moto de empresa, una de juguete, reventada y sin dibujo en las ruedas ya) [twitter: Agent3_14: ]

"Cada pedido supone una derrota para la clase trabajadora", reconoce. «Es la cuarta vez que me vuelvo a instalar la aplicación. Y es bastante humillante, porque encima me sale el mensaje ese de ‘Nos alegramos de tenerte de vuelta, Yolanda'» Los negociadores de Junts, llevaban una «carmanyola» con rebanadas de pan y tomate, se han ausentado para almorzar por su cuenta.«El acuerdo está cerca. Ya tenemos dos candidatos a presidir la mesa y estamos votando si nos lanzamos al mexicano o repetimos el japo de ayer, que no es muy allá pero tardan poco»

La Asociación Unificada de Riders demanda a la empresa por bloquear la cuenta de varios repartidores "sin motivo" y remarca que los afectados tienen 20 días para reclamar. "Hay muchísimas cuentas alquiladas a migrantes sin papeles, puedes ganar más de 600 euros al mes", explica un repartidor

Fuentes del Ministerio de Trabajo indican que si Glovo no modifica su comportamiento, se remitirá la documentación a la Fiscalía para que tome las medidas legales pertinente. La reciente modificación del Código Penal establece la posibilidad de que los responsables de empresas que imponen condiciones ilegales a sus trabajadores pueden ser condenados con penas de cárcel que van de los seis meses hasta los seis años.

En España hay un caso bastante preocupante de dinámica de competencia. Se aprueba una ley rider, que afecta a la parte del negocio logístico, la más difícil de rentabilizar, y determina con meridiana claridad cuál es el modelo laboral que los operadores tienen que utilizar como presunción. Y eso tiene un coste. Nosotros ya lo usábamos porque era el modelo de menor riesgo legal. La sorpresa es que con una ley aprobada, inspecciones de trabajo y multas, unos siguen utilizando un modelo de contratación de autónomos, bajo el argumento de que cambia