Lo anunció Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea, sin previo aviso a los sindicatos, y como muestra de lo que la presidenta define como la "mejor sanidad de Europea". Pero dos meses no ha conseguido el objetivo. Al menos no totalmente. El incentivo de 500 euros extra para los médicos de los llamados "centros de difícil cobertura" solo ha conseguido atraer profesionales para cubrir una de cada cuatro vacantes en estos puntos de Atención Primaria donde, en algunos casos, faltan la mitad de los médicos previstos.

“Lo que deberían hacer otras comunidades autónomas […] es ver qué funciona mejor en otras regiones y copiarlo […] Es bueno que entre nosotros compitamos”. Pero cuando la cuestión desborda el ámbito estrictamente tributario, la “sana” competencia que defiende Ayuso deja de ser virtuosa. “No tiene sentido que entre comunidades autónomas nos estemos quitando los profesionales sanitarios."

El presidente del tribunal que obliga a reabrir la causa, Pedro Castellano, fue presidente de la Audiencia de València y es miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera judicial y de sensibilidad conservadora. Pero, quizá, lo que más llama la atención de su reciente trayectoria son las causas archivadas relacionadas con la corrupción del PP en el País Valencià impulsadas por él.

La gestión sanitaria basada en el hormigón promovida por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a hacerse patente esta semana con la presentación de la llamada Ciudad de la Salud, un remozado proyecto para abordar las obras de ampliación, sucesivamente postergadas, del hospital de La Paz, uno de los más importantes de la región.

El Partido Popular (PP), sobre el que se sustenta en la actualidad la alcaldía de La Adrada (Ávila), -pueblo en el que se sitúa a su vez el chalet “ilegal” del juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado- permitió la legalización de la vivienda. Lo hizo en 2016 y con la ayuda de un ‘tránsfuga’ -denominación bajo la que se conoce coloquialmente a la persona que rompe la disciplina de voto de un partido político- del PSOE, condenado a su vez por prevaricación.

Francisco José Vázquez Domínguez está contratado como personal eventual al servicio del Equipo de Gobierno de la Diputación provincial de Huelva desde noviembre con una retribución bruta anual de 38.214 €. Pese a ello, él mismo ha reconocido, el pasado viernes 14 de junio, que solo ha pisado dos veces la institución y a penas si mantiene contacto con el partido que lo ha contratado, el PP. Vázquez fue el candidato de IU en las últimas elecciones municipales pero fue expulsado de la formacióin tras darle con su voto la alcaldía al PP.

Miembros de la Asociación de Viviendas de Alquiler lamentaron en la asamblea que tuvo lugar el pasado 14 de mayo que pecaron de inocentes en una reunión que tuvieron con los populares en julio en la que les prometieron que iban a estudiar un régimen especial para esos casos

“Se abalanzó contra una concejala socialista”, a la que se dirigió de forma amenazante, profiriendo y gritando palabras en este mismo sentido, “teniendo que ser sujetado por varias personas presentes en la sala para evitar la agresión física que se hubiera producido sin esta intervención teniendo en cuenta la actitud violenta que mostraba el primer edil” que provocó que la concejala tuviera que ser atendida por los servicios de urgencias sanitarias donde tuvo que ser trasladada afectada por una importante crisis de ansiedad.

No hace ni un mes que concluyó el juicio contra Eduardo Zaplana —la fiscalía pide 17 años de prisión para el exministro del PP y expresidente de la Comunidad Valenciana—. Tampoco han pasado ni 30 días desde que acabó el juicio contra Rodrigo Rato —el ministerio fiscal pide más de 60 años de prisión para el superministro de Economía de Aznar— y el PP todavía tiene en el horizonte varias vistas por corrupción, como alguna derivada del caso Púnica, con participación destacada de alcaldes madrileños del PP. Nada de esto perturba a Isabel Díaz Ayuso

El pseudosindicato ultra Manos Limpias, autor de la denuncia contra la mujer del presidente, Begoña Gómez, ha denunciado ahora por delitos de malversación al hermano del presidente del Gobierno.

El juicio por el presunto origen ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato ha quedado visto para sentencia este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid. El que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) y vicepresidente del Gobierno con José María Aznar (PP) ha utilizado su derecho a la última palabra para señalar a los ministros de Hacienda y Justicia del Ejecutivo de Mariano Rajoy Cristóbal Montoro y Rafael Catalá como los responsables de la causa en la se expone a una condena a más de sesenta años de cárcel.

Durante el año 2023, de los 40 millones presupuestados, solo se gastaron 8.658.370 euros. Peor aún es la situación de 2024, donde la inversión hasta marzo ha sido de apenas 486.769 euros, lo que proyecta un gasto anual muy por debajo de los 15 millones presupuestados para este período.

En este vídeo repasamos los capítulos de la exclusiva de 'Público' sobre la trama corrupta que señala al PP de Feijóo en Galicia y a la familia Baltar.

La Sala de lo Penal ordena al juez Pedraz que investigue un chat sobre el espionaje ilegal de la cúpula de Interior a Podemos durante el mandato del PP.

Estará inhabilitado durante nueve años para empleo o cargo público y deberá indemnizar al Ayuntamiento y pagar una multa de cinco millones de euros

La gestión educativa de la Comunidad de Madrid es una de las que más entredicho se encuentran por parte de la comunidad educativa, la oposición y los sindicatos en la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso. El último hecho -o uno de ellos- que evidencia el trato “desigual” y “discriminado” que el ejecutivo capitaneado por la baronesa ‘popular’ ejerce sobre los profesionales de la Educación obedece a las oposiciones para profesores de Formación Profesional (FP).

El Tribunal de Cuentas constata que el Gobierno regional estaría derivando pacientes a centros privados sin acreditar que carece de medios públicos para atenderles. El SMS acumula un déficit de más de 3000 millones de euros y es ya un gran agujero negro en las cuentas regionales.

Los destrozos se produjeron tras una riña en la que el concejal cargó ante vecinos contra la alcaldesa popular: "¡Yo soy el que siempre quiso Ibias!". Extravagante suceso en San Antolín de Ibias. El concejal socialista Marcos Rodríguez estrelló en la madrugada de ayer su vehículo contra un muro de la casa de la expresidenta del PP en el concejo María José Muñiz después de haber hecho lo mismo contra el turismo de Estrella Fernández, exconcejala popular en el anterior mandato. El murete ha quedado para el derribo tras recibir un violento impacto

Durante su visita a la feria ganadera de Villanueva de Oscos, Venta ha asegurado que el sector ganadero asturiano "está en emergencia" y ha criticado que "cada vez hay una nueva exigencia burocrática para los ganaderos". En cuanto al lobo, Venta ha remarcado que "mata ya en toda Asturias". Considera el parlamentario 'popular' que "sobran la mitad de los lobos en Asturias".

PP y Vox mintieron en lo de reducir el gasto político. 250 subidas de sueldo, muchas brutales, han sido justo lo contrario. Fuera de Twitter no sé si esto ha tenido mucha repercusión. Francamente, a la vista de este resultado no lo parece.

...se ha acreditado su activa participación en el Golpe de Estado de 1936 y su papel fundamental en la represión de la ciudad durante los primeros meses de la Guerra Civil. Ramón de Carranza no solo apoyó el levantamiento militar, sino que también fue un colaborador crucial en la identificación y persecución de vecinos para su depuración o eliminación por el bando sublevado...

El Tribunal de Cuentas ha acordado plantear una cuestión prejudicial a la Justicia Europea sobre la ley de amnistía en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el «procés», al albergar dudas de que la norma entre en colisión con la normativa comunitaria. El auto del procedimiento que afecta a Carles Puigdemont y a una treintena de altos cargos subraya que es «muy difícil conciliar» la ley de amnistía con la «prevención de la impunidad del fraude y la corrupción» que persigue el derecho de la Unión Europea

Educación ha trasladado a Fiscalía el caso de la Escuela de Arte de Alcalá, desvelado por elDiario.es. La obra costó 1,2 millones, se encargó a dedo y se simularon contratos menores, el mismo sistema que el caso de Ciudad Escolar.

La inmensa mayoría de los ingresos de los 60 eurodiputados españoles (a falta de que se resuelva el litigio sobre el escaño de Toni Comín) procede de cargos públicos. A la treintena de parlamentarios que repiten esta legislatura, se suman otros tantos que vienen igualmente de la política, según se desprende de las declaraciones de intereses que tienen que presentar al acceder al Parlamento Europeo, y apenas un puñado llega desde el sector privado. El análisis demuestra, además, que cuatro parlamentarios europeos tuvieron sobresueldos de sus par