La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este miércoles posponer su decisión sobre la admisión a trámite de la ampliación del amparo solicitada por el juez de la Audiencia Nacional (AN) que investiga a Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, para incluir también unas palabras del diputado de ERC Gabriel Rufián hasta que el Tribunal Supremo (TS) resuelva sobre quién debe investigar el asunto.

El juez José Castro se moja con Cintora: “El rey emérito no tributa ni un euro en España. La justicia no ha hecho nada”, “no se manifestaron contra la amnistía fiscal”, “España no se rompe. La amnistía es constitucional”, “vulneran la Constitución no renovando el Poder Judicial”…

El presidente intentará recomponer el diálogo con Feijóo para llegar a un acuerdo que permita desbloquear la situación del CGPJ sin necesidad de cambiar la ley. Es uno de los propósitos que Pedro Sánchez se fija en el arranque de este nuevo mandato al frente del Gobierno: normalizar las relaciones con el jefe de la oposición.

El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la ley de amnistía, aprobado antes de que se conociera siquiera el texto de la proposición de ley pactado entre el PSOE y los partidos independentistas catalanes, va a llegar a la Sala Penal del Tribunal Supremo. El grupo parlamentario de Sumar prevé registrar este viernes una querella por prevaricación contra los 10 vocales conservadores del órgano, todos propuestos por el PP en 2013 para formar parte del CGPJ, al considerar que actuaron de forma “ilegal y arbtitaria".

El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial acaba de abrir diligencias informativas respecto al titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, al que se relaciona con la publicación en la red social X de insultos contra el presidente del Gobierno Pedro Sánchez. El Consejo establecerá el alcance disciplinario de los hechos y de la eventual participación del magistrado. Como primera diligencia, se le ha dado traslado del acuerdo de incoación para que alegue lo que estime conveniente

Durante su intervención en el debate de investidura de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo le espetó al entonces candidato y ahora ya presidente del nuevo Gobierno de coalición: “No me busque”. Si una nueva legislatura podía abrir la puerta a la reconstrucción de los puentes entre el PSOE y el PP, toda expectativa de mejora de las relaciones institucionales entre ambas formaciones se borró en ese instante. El presidente popular no tiene intención de alcanzar ningún acuerdo “con este PSOE”.

Fue el pasado 15 de noviembre cuando Rufián apuntó directamente el juez García Castellón por imputar a la dirigente de ERC Marta Rovira por terrorismo en la causa abierta para investigar las acciones realizadas por la plataforma 'Tsunami Democrátic'.

El instructor del caso Tsunami Democràtic pone en conocimiento del Poder Judicial las declaraciones del 'número dos' del Ministerio de Justicia. García Castellón explica que siente una «perturbación» en su independencia con las declaraciones del número dos de la ministra Pilar Llop.

En una carta señala que el presidente del Gobierno en funciones "ha pactado con un prófugo de la justicia su impunidad por diversos delitos, entre ellos delitos de corrupción".

«El CGPJ se ha convertido en el Partido Judicial», ha afirmado el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, en los micrófonos de Radio Popular. Además, se ha mostrado crítico con la decisión del juez García Castellón de imputar ahora al expresident Carles Puigdemont. «Qué casualidad que justo ahora que se puede alcanzar un acuerdo para formar gobierno, García Castellón impute a los líderes del procés», ha afirmado Rodríguez. «Si eso no es influir, que venga Dios y lo vea», ha rematado Rodríguez.

El presidente del CGPJ votó en blanco a la declaración institucional al no haber ningún texto sobre la futura ley de amnistía.

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha explicado que en el Pleno extraordinario celebrado el pasado lunes para aprobar una declaración institucional contra la amnistía votó en blanco porque considera que este posicionamiento «a favor de una opción política» determinada es «prematuro» por cuanto aún no hay ningún texto conocido sobre la futura ley.

La declaración forzada por la mayoría conservadora del CGPJ es irrelevante jurídicamente pero redunda en el descrédito de la institución, sometida a quienes retienen sus cargos irregularmente

La cúpula del poder judicial español —dividido y caducado desde hace cinco años— ha aprobado este lunes una declaración institucional contra la amnistía. Hay que tener en cuenta que este pronunciamiento forzado por magistrados colocados por el PP se produce cuando todavía no tienen en sus manos ninguna ley de amnistía, porque esta todavía no ha estado del todo pactada entre el PSOE y Junts per Catalunya; ni siquiera se ha presentado al Congreso de los Diputados ninguna proposición de ley para sacarla adelante.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado -con 9 votos a favor, 5 en contra y uno en blanco- una declaración institucional contra la eventual amnistía de los delitos cometidos con ocasión del ‘procés’ en Catalunya. El presidente en funciones, Vicente Guilarte, ha expresado que no está de acuerdo con la iniciativa legislativa pero considera conveniente esperar a la tramitación parlamentaria.

El vocal progresista Álvaro Cuesta finalmente ha optado por no acudir al Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que se celebra desde las 19.00 horas de este lunes para debatir la propuesta de 8 vocales conservadores de emitir una declaración institucional contra la amnistía, por entender que se trata de una convocatoria "ilegal", lo que permitirá que salga adelante con únicamente con el voto de sus promotores.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones Álvaro Cuesta, elegido a propuesta del PSOE, ha dirigido un escrito al presidente del órgano, el conservador Vicente Guilarte, en el que solicita la “desconvocatoria” del pleno extraordinario previsto para este lunes para debatir una dura declaración institucional contra una ley de amnistía de la que todavía no se conoce su contenido.

El Consejo del Poder Judicial es, a día de hoy, la mayor vergüenza de nuestro sistema democrático. Resulta impensable que quienes integran el órgano encargado de velar por la independencia del Poder Judicial, según el artículo 122 de la Constitución, decidan participar directamente del debate político censurando a otros poderes del Estado, ya sea a cuenta de la anunciada ley de amnistía o de cualquier otra.