La querella del abogado Gonzalo Boyé contra NSO Group Technologies, fabricantes del software espía, pone de relieve la dificultad de la legislación para proteger los derechos fundamentales de los avances tecnológicos. Las dudas son quién recibe en primer término los datos volcados de los móviles espiados, cómo se garantiza la destrucción o custodia de esos datos tal como fijan las leyes y si las pruebas obtenidas son veraces.
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