Fue la denuncia de una exmonja del convento presentada el pasado 7 de enero en Madrid la que desató los acontecimientos. La denuncia ante la brigada de extranjería llegó a Santiago y la jueza del juzgado de instrucción número 1 autorizó un dispositivo para comprobar si las religiosas de origen indio estaban retenidas en el convento de clausura.
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