El movimiento comienza este viernes una serie de presentaciones para pedir que España respete los acuerdos internacionales que ha firmado y que consideran el acceso al agua como derecho humano. Unos 300.000 abonados sufren cortes cada año por falta de pago y se calcula que alrededor de nueve millones de personas tienen problemas para hacer frente a las facturas. En el mundo apenas el 10% de la gestión del agua está en manos privadas, pero en España es más de la mitad. rel:
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