Son cifras incluidas en la Memoria Anual elaborada por el Ministerio Fiscal, que solo cuenta con estadísticas sobre las comunidades que no tienen las competencias transferidas. No obstante, fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconocen que se trata de una situación extensible a todo el país, donde "el grado de implantación es bajo". Según informa la Fiscalía solo se emitieran el año pasado 175 informes de conformidad con el protocolo. Lo que supone un 2,2% sobre las 7.666 órdenes de protección solicitadas, según el CGPJ.
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