Las autoridades españolas llevan a cabo con regularidad expulsiones inmediatas e ilegales y han hecho caso omiso de las reiteradas peticiones formuladas por Amnistía Internacional de que se ponga fin a esta práctica ilegal. Por ejemplo, el 28 de diciembre de 2004, varias ONG y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) protestaron por la expulsión ilegal de varias personas del África subsahariana que estaban en el Colegio San Antonio de Ceuta, incluidas siete que habían presentado peticiones de asilo.
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