El Gobierno trabaja a contrarreloj con la empresa pública Tragsa para tramitar el aluvión de proyectos de renovables que se acumulan sobre la mesa del Ministerio para la Transición Ecológica. El plazo vence en septiembre, tras la prórroga de nueve meses a la caducidad de los permisos de acceso a la red que el Ejecutivo aprobó en un Real Decreto-Ley en diciembre.
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