En concreto, en el escrito que el Gobierno presentó este lunes ante el Consejo de Estado para su informe preceptivo ya pedía que el TC notifique a esas personas concretas -se las cita por nombre, apellido y cargo-, que dicha notificación se haga "bajo apercibimiento expreso de suspensión de sus funciones" -lo que de incumplirse daría lugar a acciones penales-, y que se añada la prohibición también expresa de que el Parlament emprenda iniciativas legislativas que pretendan dar cumplimiento a la resolución.
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