El Gobierno español tiene muy poco margen para aliviar los precios de los combustibles. Al menos por la vía de los impuestos, como solicitan oposición y transportistas. España tiene una de la fiscalidad medioambiental más baja de la UE. Hay dos tasas principales que se aplican sobre los carburantes: el IVA y el impuesto especial de hidrocarburos. La legislación europea obliga a todos los países de la UE a gravar el IVA de los hidrocarburos con el tipo general. Los transportistas están pagando el mínimo legal de 33 céntimos el litro de gasoil A.
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