El Grupo Socialista recurrió en amparo a la presidenta del parlamento el pasado diciembre y, a pesar de darle la razón, el PP se negó a facilitar los documentos. Se basaba en que Excal, la sociedad que gestionaba la internacionalización, no pertenece al sector público, a pesar de que es la Junta quien la financiaba y que ha sido absorbida por la ADE, ente de la JCyL. El PSOE descubrió hace un año que la oficina de Bruselas se alquiló a los constructores implicados en el caso Perla Negra. Hubo también otras dos oficinas, en Miami y en Panamá.
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