Puede que España haya alejado al lobo económico con 192.000 millones de euros chinos, pero las víctimas de crímenes internacionales estarán peor que antes tras la revocación de la justicia universal. Las leyes españolas sobre la justicia universal—la idea de que un juez español puede investigar y juzgar graves crímenes contra la humanidad cometidos en cualquier lugar del mundo— habían existido desde 1985.
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