El actual Gobierno permitió con una prórroga en 2017 que la contrata a la que ya se había sancionado siguiera gestionando el servicio dos años más. El viceconsejero de Sanidad ha admitido que sabían que la concesionaria no estaba cumpliendo los mínimos exigidos por los pliegos firmados con la administración. Los sanitarios denuncian que la lencería, las toallas y las sábanas llegan con manchas de moho, pis o rotas. El contrato permite que el 40% no esté en buen estado.
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