Fuentes de la ejecutiva han remarcado que esos cambios pretenden mermar los derechos de los propietarios afectados, al suprimir las prórrogas de las concesiones. Según han reivindicado, consideran importante que cuando la propiedad de una persona pase a dominio público marítimo terrestre se le compense económicamente y de forma justa porque “le están quitando su patrimonio” o que se le otorgue una concesión prorrogable.
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