Es un paso adelante porque apunta a la responsabilidad de ACS y de sus socios, que siempre han estado en un segundo plano en la polémica pese a que los 1.350 millones que cobraron del Estado dieron lugar a demandas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional que no prosperaron. La CNMC mantiene vivas las reclamaciones a los promotores del proyecto mientras los otros grandes afectados -el Estado, que devolvió a ACS los 1.350 millones y los tres bancos que adelantaron el pago- guardan silencio. Caixabank, Santander y Bankia
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