El expresidente valenciano le garantizó el triple de lo estipulado en un primer momento, según Esquerra Unida, que ejerce la acusación popular en el caso. El arquitecto valenciano cobró 2,7 millones de euros por una obra que finalmente no se llevó a cabo. Es la segunda vez que el arquitecto está citado a declarar. No acudió a la primera cita porque, según sus abogados, no se le había podido comunicar oficialmente la comparecencia.
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