Un año después de la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, son varias los casos en los que las instituciones han cargado por vía judicial contra personas y colectivos que denuncian violaciones de derechos. El pasado mes de abril, el sindicato CSL de la Policía Local de Zaragoza, declaró haberse dirigido a la concejalía responsable exigiendo que se tomaran medidas contra el Grupo Derechos Civiles 15M Zaragoza, definiendo como “ataques extremistas” el contenido de los informes publicados por dicho grupo.
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