El 3 de diciembre de 1970 se inició en la Capitanía General de Burgos el juicio sumarísimo contra 16 militantes de ETA, con la petición de 6 penas de muerte y más de 750 años de cárcel. El franquismo había decidido convertir la condena en un acto ejemplar de autoafirmación política.

La justicia alemana abrió el 17 de Octubre del 2019, el proceso contra el exguarda de un campo de concentración nazi, de 93 años y acusado de complicidad en 5.230 muertes, exponente de los juicios tardíos abiertos en los últimos años por crímenes del Tercer Reich. La fiscalía le imputa complicidad por haber sido partícipe, desde su posición de vigilante en ese campo, de la maquinaria de exterminio masivo del nazismo.

Los delitos de lesa humanidad no prescriben. Con este contundente argumento, esta querella tiene la intención de juzgar a los actores de las torturas y crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo. La jueza Servini dictó una orden de detención internacional contra varios torturadores franquistas, cosa que el Estado español evitó que se produjera. España, desde el 2010, se ha dedicado a torpedear las investigaciones. Servini emitió una orden de extradición a España de 19 ciudadanos españoles acusados de torturas durante la dictadura....

Existe una clara e inequívoca responsabilidad del régimen franquista, que cometió crímenes contra la humanidad fuera del Estado español, al autorizar la deportación y asesinato de miles de republicanos a los campos nazis. La figura jurídica de crímenes contra la humanidad aplicada a los dirigentes nazis en el juicio de Nuremberg se hace extensiva a la dictadura franquista. Estas atrocidades no han sido juzgadas debido a la impunidad que se creó en España a partir de la transición, y de la que fueron cómplices las fuerzas políticas que estableci

Las víctimas exigen la nulidad de aquellas leyes que siguen garantizando la “impunidad” de estos crímenes, tales como la Ley de Amnistía, para acabar con la “herencia” y los “privilegios establecidos e institucionalizados por el franquismo”. También reclaman la apertura de procedimientos penales. Recuerdan además que España está obligada a cumplir los principios del derecho internacional que emanan de las sentencias de los juicios de Núremberg, así como el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por relatores de la ONU.

Una ventana que durante décadas había permanecido cerrada en España, donde los intentos por enjuiciar los crímenes de la dictadura nunca han fructificado. Un veterano exiliado republicano, Darío Rivas, que hoy cuenta con 93 años de edad, se presentó en los juzgados de Buenos Aires con una querella contra los crímenes del franquismo. Hijo del alcalde de Castro de Rei (Lugo) Severino Rivas, fusilado “por traición a la patria” en octubre de 1936, Darío iniciaba así un proceso judicial con el objetivo de sentar en el banquillo a los verdugos.

El Instituto Gogora recuerda este viernes a Javier Batarrita Elexpuru en el 60 aniversario de su asesinato a manos de las Fuerzas de Orden Público franquistas, que confundieron a tres ciudadanos con miembros de ETA

Todos los trabajadores habéis visto películas americanas de juicios en las que el abogado bueno no duerme buscando sentencias y hasta se cuela de noche en el despacho de los malos para obtener pruebas. Pero en Españistán no sucede nada de eso habitualmente, ni de lejos, por la sencilla razón de que ni siquiera hace falta, dado que es la empresa quien tiene la carga de la prueba en la mayor parte de los casos de demanda de un trabajador ante la jurisdicción social (laboral).

Hay muchos casos en los que el despido puede ser declarado nulo, con condena a la readmisión del trabajador pagándole y cotizando los salarios de tramitación (su sueldo completo entre despido y readmisión). Sin olvidar que el trabajador puede esquivar fácilmente la readmisión sin dejar de cobrar los salarios de tramitación y que además puede cobrar una indemnización aparte en los casos de vulneración de sus derechos fundamentales. Pero todo eso funciona solo cuando el asunto llega a juicio y hasta el final.

Estos son dos de otros muchos ejemplos que podríamos poner sobre la brutal y en muchos casos indiscriminada represión que aplicaron en la provincia de Teruel una parte de los civiles y militares rebeldes que habían dado el golpe de Estado contra la II República desde el 18 de julio de 1936.

Compartimos desde el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz el documental 'La represión franquista en Puerto de la Cruz: una mirada al pasado reciente’, producido con el apoyo del Cabildo de Tenerife, para dar a conocer la realidad local del municipio y del norte de la isla para entender los procesos históricos asociados a la Segunda República, la Guerra Civil y el franquismo, además de ofrecer testimonios de expertos y familiares sobre la represión sufrida en Puerto de la Cruz.

Cádiz y San Fernando fueron las primeras ciudades de la Península en sufrir las consecuencias del intento de golpe de Estado de 1936, el cual desembocaría en la guerra civil que asolaría el país desde 1936 a 1939

El 5 de agosto de 1936 la columna Carranza tomó sin resistencia El Pedroso, y comenzó una una represión ciega, una pesadilla de odios cuyos ecos han llegado hasta la actualidad. Las tropas fascista…

La Guerra Civil dejó una lista interminable de tragedias escondidas por la crudeza de la postguerra y del silencio cómplice. En aquella nebulosa quedó sumergido el coronel tudelano Críspulo Moracho, masón y fiel a la República