Karen M. Sandler, directora ejecutiva de la SFC, ha comentado que la situación “hace que este litigio sea único e histórico en términos de defensa de los derechos del consumidor”, ya que es la primera vez que se presenta una demanda por violación de la GPL con el fin de defender los derechos de los consumidores como beneficiarios terceros de la licencia en lugar de a los desarrolladores originales del software.

Mientras utilizaba su impresora Pixma MG6320 de Canon, el demandante se sorprendió al descubrir que la máquina se negaba a escanear o enviar por fax documentos si la impresora se quedaba sin tinta. Como la tinta no es necesaria para escanear o enviar faxes, el argumento es que las funciones de la impresora deberían seguir funcionando aunque no haya tinta en el aparato. "El demandante no habría comprado el dispositivo o no habría pagado tanto por él si hubiera sabido que tendría que mantener la tinta en el dispositivo para poder escanear...

Hace apenas un mes, Kosta Eleftheriou, desarrollador de la empresa, anunció que su teclado sería retirado de la AppStore porque la tecnológica había comenzado a rechazar las actualizaciones aduciendo que necesitaba acceso completo al sistema. También suprimieron la versión presente en el smartwatch de la marca, explicándole a Eleftheriou que este tipo de elementos no están permitidos en sus relojes inteligentes. Sin embargo, durante su última keynote, Apple ha anunciado uno prácticamente idéntico, lo que ha hecho que el desarrollador denuncie.

"Se necesita tener un altísimo grado de religiosidad para ser un ateo como yo. En el sentido etimológico, la religión es lo que une. Sabemos que estamos ligados al universo. Ahora bien, inferir que detrás de esta relación hay una causa primera me parece una afirmación gratuita, sin base científica. A lo mejor hay dos dioses: uno que se llama física y, el otro, química."

Un informe elaborado por el servicio de Patrimonio reconoce que en septiembre del año pasado autorizó el proyecto y que las placas "apenas son perceptibles desde la vía pública", pero que sí son visibles "desde los numerosos edificios situados en las inmediaciones".

Una juez federal de Estados Unidos asume la validez de la denuncia colectiva, que reclama 4.190 millones de euros por daños y perjuicios