La regulación actual del cadáver como “res extra commercium” es evidentemente insuficiente para el apocalipsis. A pesar de que la personalidad jurídica se extingue con la muerte, la resurrección del zombie nos permite identificar en él aspectos fundamentales de la personalidad a efectos jurídicos. Una vez resucitado, el zombie es sujeto de deseos de querer y de entender. Cierto es que sus punciones naturales son sentidas de forma mucho más fuerte que para el humano vivo, pero no por ello deja de tener capacidad de elección. Reconociendo...

¿Tiene éxito tu página web? ¿En tu despacho no sabes como revisarla? En este artículo te mostramos cómo mejorarla.

El Gobierno de Luxemburgo ha presentado una estrategia global de para la exploración y aprovechamiento de recursos en objetos cercanos a la Tierra (NEOs), tales como asteroides. Entre las medidas adoptadas clave figura el establecimiento de un marco jurídico y regulatorio apropiado para las actividades de utilización de recursos en el espacio, "para proporcionar a las empresas privadas y los inversores un entorno jurídico seguro".

Este post se enmarca dentro del denominado Reto Juristas con Futuro, lanzado para debatir sobre el valor probatorio de los documentos electrónicos, y una serie de aspectos relacionados con este particular. Como sobre el valor probatorio de documentos electrónicos ya he publicado varios post a lo largo de los años, y que nada ha cambiado en lo esencial, podemos concluir que nuestro sistema procesal no presenta ningún problema para aportar documentos electrónicos en su formato correspondiente.

El arrebato u obcecación es una circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal que atenúa la pena del sujeto activo del delito cuando el delincuente actúa por causas o estímulos que le hayan producido una ofuscación o conmoción que le impidan dominar la situación creada. Cuando el legislador contempla una figura delictiva dándole forma legal, la pena es una de las partes esenciales de la misma. En ella, para medir su graduación y proporcionalidad con el hecho típico contemplado en la norma…

Uno de los temas que se debaten en esta campaña electoral es la racionalización de la Administración Pública, y, dentro de ella, el papel que juegan las Diputaciones Provinciales y la fusión de municipios, para crear estructuras municipales con mayor tamaño, como medida para ahorrar gasto. No obstante, la posible fusión de municipios debe ponerse en relación con otros elementos que sería interesante analizar, como el ejercicio de los derechos que derivan de la condición de vecino, o que la Administración Local sea la Administración Pública.

El otro día la Guardia Civil evitó que un hombre se suicidara. A raíz de que se jactara por ello en Twitter, se suscitó un interesante debate jurídico: ¿es jurídicamente lícito suicidarse? ¿Es legal, está permitido? A priori la respuesta es que sí (tu vida es tuya) pero uno de los usuarios se puso a decir que el suicidio está prohibido y que realmente es un delito. Si no es así (decía), a ver por qué está prohibida la cooperación al suicidio de otro. Así que, y pese a que las opiniones de este tuitero –que se mostró tremendamente soberbio...

Unos consejos para quién no pueda permitirse pagar una base de datos para hacer búsqueda legal. A día de hoy Google suele ser el primer acto reflejo a la hora de iniciar una búsqueda de información legal en Internet. Sin embargo Google, como todos los buscadores, no es perfecto, y tiene sus limitaciones. Así en el campo legal, en la mayoría de las búsquedas los resultados mostrados no suelen ser del todo satisfactorios. Por tanto, Google no puede igualar a las búsquedas en bases de datos jurídicas salvo si aplicamos unas técnicas

Existe base jurídica suficiente para establecer reclamaciones judiciales en el ámbito nacional e internacional para defender las inversiones renovables. El principio de unidad y concentración de las reclamaciones puede reforzar las denuncias que se lleven a cabo y poner de manifiesto la situación de emergencia social que se deriva de la retroactividad aplicada a todas las inversiones renovables. Si el Estado no defiende la seguridad jurídica de las renovables, habrá que defenderla en los tribunales nacionales y europeos.