El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado "inválida" la directiva que obliga a los operadores de telefonía a conservar los datos de las telecomunicaciones hasta dos años para la lucha contra el terrorismo y los delitos graves por considerar que constituye "una injerencia de gran magnitud y especial gravedad" en los derechos fundamentales a la privacidad y a la protección de datos.
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