Detrás de la retórica anticorrupción del régimen, hubo ganancias considerables y no solo a nivel local. En 1924, Primo creó el Consejo de Economía Nacional, un organismo que hizo más para proteger los intereses existentes de la industria y los grandes terratenientes que para promover el desarrollo. Su consejo de gobierno consistía en una serie de grupos de presión que representaban firmemente a los industriales y catalanes catalanes proteccionistas y vascos y a la élite agraria.
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