Cuando Miguel Primo de Rivera, a través de su golpe de estado, accedió al poder en nuestro país en 1923, adoptó casi inmediatamente una política anticatalana que no sentó nada bien a las diferentes fuerzas políticas que convivían en Cataluña. Por un lado, estas medidas causaron una enorme decepción en los núcleos más conservadores de la sociedad catalana, que habían estado confiando en que el carácter regionalista del dictador fuera beneficioso para sus intereses.
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