El punto de partida del siniestro derrotero que dinamitó las bases de la convivencia democrática en Alemania, fue la legislación sancionada en ocasión del incendio del Parlamento alemán (Reichstag), mediante la ley del 28 de febrero de 1933, por la cual se autorizaba a la policía secreta a detener ciudadanos sin orden judicial bajo los rótulos de enemigos o conspiradores y podía mantenerlos en custodia protectora en campos de concentración por tiempo indefinido y sin ningún control judicial.
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