Los gobiernos de los países desarrollados siguen esgrimiendo el argumento de la lucha contra el terrorismo a la hora de plantear el debate sobre el cifrado. Para esos gobernantes la protección de las comunicaciones con este tipo de sistemas no hace más que poner en peligro a los ciudadanos, ya que impide la labor de las agencias de inteligencia a la hora de analizar las comunicaciones en busca de posibles contactos entre terroristas.
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