Arantxa Tapia, máxima responsable como consejera del Gobierno Vasco, guarda silencio sobre la decisión final. Todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento, incluido el PNV de la localidad, se han sumado para rechazar la nueva planta de tratamiento de residuos que los informes técnicos consideran peligrosos para la salud y que se situaría a 100 metros de los hogares.
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