España adjudicó 260 millones de euros en subvenciones a las comunidades autónomas para el desarrollo de la TDT. En 2013, la Comisión Europea aseguró que esas ayudas eran ilegales y obligó al Ejecutivo a recuperarlas. La justicia de la UE anuló esa decisión, pero la Comisión no se da por vencida.
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