Desde que la democracia se instauró en España, ningún gobierno ha querido acometer una reforma en profundidad de la administración de Justicia, pilar básico de cualquier Estado de Derecho. En los últimos años, la falta de inversión ha sido alarmante y ha generado lentitud en la tramitación de los casos (los sumarios se eternizan en los juzgados), excesiva politización de los órganos de Gobierno y un corporativismo insoportable entre ciertas élites que se reparten el pastel del Poder Judicial.
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