La Audiencia dictamina que el límite de 75 años de las concesiones supone "un plazo máximo improrrogable" que, además, conlleva para las compañías la obligación de indemnizar al Estado si lo exceden, lo que avala la reversión del más de medio centenar de saltos hidráulicos cuyas autorizaciones caducan en los próximos años o lo han hecho en la última década.
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