La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en relación con autorizar al Ejecutivo Nacional para que el presupuesto nacional del año 2017, sea presentado ante la "sala constitucional" de ese organismo, es decir, obviando lo que establece la misma Constitución Nacional sobre las facultades que tiene el parlamento como único ente para aprobar o reprobar la distribución de los recursos de la nación, es un golpe de Estado no sólo contra la institucionalidad legislativa, sino que además disuelve el Estado en su concepción democrática...
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