La justicia ha dado un importante respaldo a la igualdad en el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad gracias a la sentencia de un juzgado de lo Social de Bilbao que ha condenado al Gobierno vasco a indemnizar con 40.000 euros a una profesora por no realizar las obras de accesibilidad en el colegio donde trabajaba.
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