El ministro de Justicia de Polonia, que es también fiscal general, puede, con arreglo a las normas polacas, otorgar una comisión de servicio a un magistrado para que ejerza en un tribunal de lo penal de grado superior. Y puede hacerlo a dedo, con “criterios que no se conocen oficialmente y sin que tal decisión pueda ser objeto de control judicial”, según el Tribunal Regional de Varsovia (Polonia). Y esa práctica es contraria al derecho de la Unión, ha declarado este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Es un nuevo revés
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