No existe, ni para los Franco ni para nadie, el derecho a estar enterrado con honores en un monumento patrimonio de Estado. A los Franco no se les quita, suspende o priva de ningún derecho. Al gobierno de todos sí: se le suspende el derecho a administrar el patrimonio de todos de acuerdo con las necesidades y demandas del interés general. Resulta muy difícilmente discutible que, entre proteger el bien jurídico de los intereses privados de la familia Franco y proteger el bien jurídico de preservar la efectividad de los acuerdos y decisiones..
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