El Alto Tribunal obliga a esta empresa pública a reconocer como fijos a todo el personal interino que fue contratado en fraude de ley por su eventualidad. En el caso de que esos trabajadores sean despedidos, deberán ser indemnizados con el importe máximo que marca la ley - hasta ahora los interinos no tienen ese derecho-. El problema se originó en 2012. Aquel año,el expresidente Ignacio González decidió convertir el Canal de Isabel II en una sociedad mercantil. El Canal se comprometió a subrogar a una parte los trabajadores interinos..
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