Esta decisión genera jurisprudencia sobre el alcance de la llamada justicia universal después de la reciente reforma legislativa, impulsada por el PP. Los casos del genocidio en el Tíbet y los ataques al movimiento religioso Falung Gong fueron investigados en la Audiencia Nacional y archivados. Los afectados recurrieron ante el Supremo, que ha confirmado el archivo. Relacionada:
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