Suiza considera que España y el resto de los Estados miembro de la Unión Europea son "países seguros" donde cualquier ciudadano puede encontrar amparo a sus derechos fundamentales, por lo que en principio, no otorga protección internacional a los procedentes de estos territorios, una política general que podría cambiar en el caso de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel si se entiende que hay "pruebas concretas y fundamentadas" de que está siendo perseguida.
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