Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Madrid y Murcia incluyen entre los objetivos de sus políticas activas de empleo utilizar la figura de colaboración social. Veinticinco de los parados que desempeñaban esta figura en el Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) han demandado a la institución por despido improcedente. El Supremo prohibió recientemente usar a los parados para cubrir tareas "habituales y permanentes" como se están haciendo.
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