Marina Gimeno, de 92 años, podría ser desahuciadas de la casa donde ha vivido desde los tres años a causa de un error judicial. Marina lleva toda su vida en el número 12 de la calle del Mar, en la Barceloneta. Cuando tenía sólo tres años, su padre firmó un contrato de renta antigua y, cuando él murió, Marina quedó como subrogada.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos denuncia que este tipo de situaciones son cada vez más habituales y que los desalojos se siguen produciendo a diario en España pese a que la ley lo prohíbe cuando se trata de personas con escasos recursos y sin opciones habitacionales

Un juez de primera instancia de València se ha visto obligado a urgir en un auto a la empresa pública de vivienda de la Generalitat Valenciana para que busque una solución habitacional a una familia en una delicada situación, con un anciano tetrapléjico, una mujer en situación de desempleo y una niña de 10 años.

La Guardia Civil de Ourense ha liberado a nueve mujeres de una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y blanqueo de capitales. La operación se llevó a cabo en O Carballiño, Ourense, A Coruña y Madrid esta semana y se saldó con varias detenciones.

La entidad compra a los propietarios su humilde vivienda en el turistificado barrio de El Pópulo y le hace a su inquilina desde hace más de 50 años un contrato indefinido por la misma renta que está pagando.

Joana Sales (Barcelona, 1977) pasó varios meses con hematomas en la cara, las muñecas y los dos brazos. Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2022. La joven, musicóloga y militante del Sindicat d'Habitatge del Raval, tenía previsto visitar a una amiga del barrio. El reloj marcaba las 21.00 de la noche y casi no había luz en las calles de la Ciudad Condal. Joana había salido poco antes de su casa y nada le hacía presagiar que acabaría la noche en comisaría. Los Mossos d'Esquadra trataban de desahuciar a su amiga cuando ella llegó.

Siete de cada diez desalojos entre enero y marzo de este año fueron por impago del alquiler, según datos difundidos este viernes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Asimismo, los lanzamientos practicados por ejecuciones hipotecarias, es decir, desalojos forzosas por impago de crédito, también aumentaron por primera vez en dos años, desde el primer trimestre de 2022.

"¿Qué Servicios Sociales son esos, que nos amenazan con que nos van a quitar a nuestros hijos en vez de sacar la cara por nosotros ante la Fiscalía?". Los Servicios Sociales de Sant Eulària des Riu les han comunicado que no hay más recursos para la familia. "Nos hemos comprado un coche este mismo lunes porque el viernes pasado en una reunión nos dijeron que este martes nos quedábamos sin alojamiento y que corríamos el peligro de que nos quitaran a nuestros hijos. Esto no va a pasar, antes nos vamos de la isla y lo perdemos todo..."

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, después de muchos años ha vuelto a la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, para ser entrevistado en el programa 'Les Noticies del Matí' tras la noticia de su absolución judicial. En este programa dirigido por el periodista Òscar Martínez estaban también invitados a la entrevista varios periodistas de otros medios de comunicación que participan habitualmente como contertulios, entre ellos Bernardo Guzmán, director de la Cadena SER en la Comunitat Valenciana...

Varios colectivos se coordinan para frenar la cuenta atrás del desalojo de María, de 88 años y medio siglo de alquiler en El Pópulo, que tendrá que abandonar el 26 de junio la casa donde ha vivido desde 1967, porque su dueño ha proyectado hacer pisos turísticos allí. María, que tiene hijos y una pensión de 1.180 €, no puede adelantarse en una lista de demandantes de viviendas con familias en peor situación que la suya. Hasta en la precariedad hay niveles. Y esa es la angustia de la familia de María. Que no sabe qué va a pasar después del 26

Mari Carmen lleva viviendo en la misma casa, ubicada en el barrio madrileño de Ibiza, durante casi 70 años. Este viernes 31 de mayo podría quedarse en la calle al no poder asumir la subida del alquiler que reclaman los propietarios del edificio.

El ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y Combate contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, ha acusado al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de ser "responsable" del incremento de víctimas en Gaza. Durante su participación en el evento político 'Europa Viva 24' organizado por Vox en Madrid, Chikli no escatimó en críticas hacia Sánchez, a quien también tildó de "uno de los peores" líderes políticos del mundo.

Fue desahuciado y acampó durante ocho meses en el Paseo del Prado de Madrid. Actualmente, se suma a la denuncia interpuesta por el movimiento Nadie Sin Hogar para reclamar protección y ayuda por parte de las administraciones.

La presión popular parece haber surtido efecto. El anunciado desahucio de María Muñoz, previsto para el 26 de junio para convertir su piso en vivienda turística, seguramente no tendrá lugar. Su hija agradece a Agustín Rubiales (constructor que ofrece un piso), a Antonio Gallardo, presidente de la plataforma de vecinos del Pópulo. Pero también destaca el apoyo constante del Ayuntamiento. El ayuntamiento, por su parte, intenta que se cancelen las solicitudes de viviendas con fines turísticos (VFT) en la ciudad de Cádiz. Pide quedarse 8 meses más

Se llama María Muñoz y tiene 87 años. El próximo 26 de junio, como máximo, será desahuciada de la casa en la que ha vivido 57 años, desde 1967, en alquiler. Con el barrio lleno de carteles y una creciente indignación vecinal, el Ayuntamiento trata de buscar alternativas imposibles. Su impacto, incluso en televisión, con colaboración municipal y una mención en el Parlamento de Andalucía, ha sido tan fuerte que ha causado una pequeña revuelta vecinal. "Será legal pero no es decente."

Cayó al patio de luces del edificio. Fue rescatado por los bomberos e ingresado en un hospital.

Hace dos semanas STOP Desahucios informó a Público del fallecimiento de Francisco de Regis, conocido como Patxi, uno de los desahuciados sin alternativa habitacional del Edificio Dignidad de Móstoles. Durante casi ocho meses, Patxi estuvo durmiendo en la calle pese a presentar un informe a la Administración que mostraba su estado de vulnerabilidad. "Tenía una incapacidad del 65%, varias enfermedades graves, cobraba una pensión de 480 euros al mes y aun así no lo consideraron vulnerable", lamenta José María Torralbo, portavoz de la plataforma.

Si no cumples con las imposiciones que te hacen, por ej., limpiar los baños, te castigan durmiendo fuera en la calle durante días, te quitan el abono de transporte que te subvencionan o no te dejan acceder al ordenador con el que buscas empleo. Estos son los castigos que sufren las personas vulnerables desahuciadas en los albergues que les ofrece la administración como alternativa habitacional. J. Mª Torralbo, portavoz de STOP Desahucios, asegura que los centros de acogida maltratan a las personas y son lugares "donde se vive muy mal".

“Quiero transmitirles a las pibas y pibes que la vida es hermosa, y se gasta y se va”, dijo. “El quid de la cuestión es volver a empezar cada vez que uno cae, y si hay bronca, que la transformen en esperanza y que luchen por el amor, que no se dejen engatusar por el odio. Nadie se salva solo”. “Estoy agradecido y que me quiten lo bailado”, concluyó.

José Antonio y Manolo llevan ocho meses alojados en el parque Cuartel Huertas de Móstoles tras haber sido desahuciados sin ninguna alternativa habitacional del Edificio Dignidad.

Es uno de los mayores atentados contra los derechos humanos y el tercer negocio delictivo que más dinero mueve en el mundo tras el tráfico de drogas y de armas. En España se detectaron 1.000 casos en 2023 y hasta 7.000 se eleva en toda la UE, aunque las organizaciones humanitarias advierten de que la cifra es mucho mayor. La pobreza, los conflictos bélicos, la desigualdad, la violencia de género, la ausencia de oportunidades de empleo o de apoyo social, las crisis humanitarias y la discriminación se hallan entre los principales factores.