“Es un tema grave, ya estamos trabajando en una demanda de responsabilidad contra la administración, en concreto contra el Ministerio del Interior, por valor de unos 15 millones de euros”. “La cantidad viene dada por el volumen de negocio que tenía en aquel momento y así se valoró en su día, la empresa ya consolidada en el sector aeronáutico alcanzaba facturaciones superiores a los 15 millones de euros. La empresa se cerró y lo perdieron todo”.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha escudado en la Justicia para justificar la ocultación de los dos trabajadores de Podemos que agredieron a la Policía en el mitin de Vox en Vallecas. ha respondido Marlaska a la pregunta de la diputada del Grupo Popular, Ana Vázquez, sobre si «considera usted justificado ocultar a la opinión pública la detención de dos miembros de la seguridad de Podemos por haber agredido a policías nacionales durante el intento de boicot de un acto electoral en Vallecas».

La salida del ministro del Interior, Christophe Castaner, y de la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, son las principales novedades del nuevo Gobierno presentado este lunes y liderado por el primer ministro Jean Castex.

El ministerio ha encontrado una vía para acceder al contenido completo de la investigación sobre el 8-M y decenas de casos abiertos que se instruyen en secreto bajo supervisión judicial. El teniente coronel David Blanes, elegido por Fernando Grande-Marlaska para sustituir al cesado Diego Pérez de los Cobos, ha ordenado el clonado de los ordenadores de todos los agentes que trabajan en diligencias judicializadas, incluidas las de la marcha del Día de la Mujer.

"Un espejismo punitivo". Las sanciones por incumplir el estado de alarma aumentan día tras día y han superado los 600.000 expedientes tras el primer mes de confinamiento. Sin embargo, los especialistas en derecho administrativo consideran que un buen número de ellas están heridas de muerte. Este enorme volumen de multas acabará en muchos casos convirtiéndose en papel mojado.

El Gobierno y los tres partidos que lideran las encuestas —PSOE, PP y Ciudadanos— han optado por ponerse de perfil —cuando no directamente callar— sobre la guerra sucia desatada en 2016 contra Pablo Iglesias y Podemos desde la cúpula del ministerio del Interior cuando Jorge Fernández Díaz dirigía el departamento. Los rivales políticos de Podemos prefieren ignorar uno de los mayores escándalos que pueden darse en una democracia: el espionaje a un rival político y la elaboración de informes policiales falsos para desacreditarlo.

A la condena por la Corte Suprema y detención de sus últimos ministros de Interior y Justicia, y de Protección Social, se suma la busca y captura de su último secretario general de la Presidencia, Alberto Velásquez, y a la fuga de la justicia, después de ser condenado a 17 años, de su delfín y ministro de Agricultura(..) La Fiscalía ofrece beneficios penitenciarios a los últimos titulares de Interior y Justicia, y Protección Social, del uribismo si confiesan quién les ordenó sobornar a parlamentarios

Los dos ministerios encargados de perseguir el delito en España presuntamente prevaricaron al adjudicar en 2012 una docena de contratos. Los supuestos indicios delictivos que han dado pie a una denuncia incluyen la reducción o anulación de la concurrencia entre licitadores, la invocación de falsas urgencias y la confusa valoración de ofertas.

Entrevista a José Palazón, director de la ONG melillense Prodein, que lleva denunciando las devoluciones ilegales de inmigrantes desde hace más de 10 años. Ahora un auto judicial le ha dado la razón y ha imputado al coronel de la Guardia Civil de Melilla por supuesta prevaricación.

Jorge Fernández Díaz avanza que están explorando vías legales para 'poner coto' a ciertas expresiones que 'incitan al odio o hacen apología del delito' a raíz de los mensajes que se estarían vertiendo sober la muerte de Isabel Carrasco.

Aunque Interior cuenta con una plantilla de 300 empleados públicos que podrían realizar las traducciones, el Gobierno externalizó en 2008 el servicio de traducción e interpretación de ese departamento y del de Justicia. Los informes del Tribunal de Cuentas inciden en que los sucesivos gobiernos no justifican la necesidad y el fundamento de esos contratos de consultoría, asistencia y servicios. El Tribunal pregunta por qué se descarta la posibilidad de cubrir esas funciones con personal de la propia Administración, ampliando la oferta de plazas