Aunque Interior cuenta con una plantilla de 300 empleados públicos que podrían realizar las traducciones, el Gobierno externalizó en 2008 el servicio de traducción e interpretación de ese departamento y del de Justicia. Los informes del Tribunal de Cuentas inciden en que los sucesivos gobiernos no justifican la necesidad y el fundamento de esos contratos de consultoría, asistencia y servicios. El Tribunal pregunta por qué se descarta la posibilidad de cubrir esas funciones con personal de la propia Administración, ampliando la oferta de plazas
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