Las acciones del espionaje llevadas a cabo por las agencias de inteligencia estatal, que siguieron operando tras la dictadura, fueron desestimadas por la Justicia sólo porque habían prescrito, pero que nadie niega que ocurrieron. Un repaso de esos episodios debería incluir el relacionado con el exjefe de seguridad presidencial, Alejandro Astesiano, que va desde la vigilancia a los senadores en una maniobra de chantaje que buscaba desactivar sus denuncias contra el gobierno por la concesión del puerto de Montevideo que sigue sin aclararse.

La Universidad Estatal de San Francisco, en California, ha iniciado el proceso de desinversión en 4 fabricantes de armas implicados en la guerra de Israel contra Gaza: Palantir Technologies, empresa estadounidense de análisis de datos, en Lockheed Martin, fabricante de armas, en Leonardo, multinacional italiana de defensa, y en Caterpillar, fabricante de maquinaria de construcción. Empresas que, según el Comité de Servicio de los Amigos Estadounidenses (AFSC), «se benefician del genocidio de Gaza» se produjo tras meses de protestas y activismo.

El Ministerio Federal del Interior quiere otorgar en el futuro a la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) el derecho a entrar y registrar domicilios en secreto. El proyecto de reforma de la ley de la BKA prevé la autorización para entrar en secreto en los domicilios como medida complementaria a los registros en línea y a la vigilancia de las telecomunicaciones en origen.

La fiscalía de la localidad polaca de Lublin ha presentado cargos de espionaje contra el español Pablo González, periodista freelance, que después de dos años y medio encarcelado en Polonia en prisión preventiva fue canjeado hace dos semanas con Rusia como parte de un histórico intercambio de presos.

Un portavoz de la fiscalía general del Estado de Polonia, Przemysław Nowak, avanzó a medios polacos que el caso contra González no había quedado archivado, tal y como había asegurado el abogado español de González, Gonzalo Boye. Además, señaló que sería posible desde el punto de vista legal que el informador fuera juzgado en rebeldía, aún encontrándose en Rusia.

El caso del ciudadano hispano-ruso Pablo González está lejos de haberse cerrado, la fiscalía polaca mantiene abierta la acusación de espionaje basada en material proporcionado por la Inteligencia ucraniana. En caso de que se abra la instrucción, tendría difícil volver a España porque se arriesgaría a ser extraditado a Polonia. Ahora se ha conocido que el juicio se habría demorado porque a los pocos meses de su encarcelamiento comenzaron negociaciones para intercambiarlo por colaboradores de los servicios secretos polacos encarcelados en Rusia.

La Audiencia Nacional ha rechazado la apelación presentada por el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, contra la investigación liderada por el juez Santiago Pedraz. Esta causa se inició tras la denuncia de Podemos contra la anterior cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, en relación con investigaciones irregulares y sin supervisión judicial sobre miembros de dicha organización política. Así se detalla en un auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal.

La Sala de lo Penal ordena al juez Pedraz que investigue un chat sobre el espionaje ilegal de la cúpula de Interior a Podemos durante el mandato del PP.

Tras conocer la sanción de la FIFA, Bev Priestman, seleccionadora del país norteamericano, pide disculpas: “Perdón, Canadá”. “Asumo mi responsabilidad y cooperaré en lo que haga falta con la investigación”

Isabel Serra, eurodiputada de Podemos en el Parlamento Europeo, ha denunciado el espionaje orquestado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra 55 diputados de Podemos en 2016. Ha sido en Bruselas durante la intervención del Comisario de Justicia, Didier Reynders, el día en el que se presentaba el informe sobre el Estado de Derecho.

Belarra continuaba su intervención diciendo que, “ante este hecho, pensamos que es imposible para el PSOE firmar un acuerdo de renovación del CGPJ con el PP. Este acuerdo da capacidad de veto a los jueces del PP y eso significa que el PP tendrá capacidad de decisión sobre los tribunales que van a juzgar el espionaje del PP a Podemos”.

La Policía Nacional llevó a cabo al menos 6.903 búsquedas sobre los diputados de Podemos en las bases de datos del Ministerio de Interior entre 2015 y 2016, según la documentación enviada por el cuerpo a la Audiencia Nacional, que investiga este rastreo masivo policial al partido. La información proporcionada se ciñe solo a los años 2015 y 2016, pues son las fechas solicitadas por el juez, de manera que no hay datos sobre si se continuó la investigación a los diputados meses después.