La Policía Nacional avisó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de que iba a tomar declaración a un colaborador de la DEA que ofrecía datos de financiación a la Fundación CEPS. Fuentes de la Fiscalía confirman este dato pero aseguran que rechazaron la invitación de los agentes que organizaron el viaje para "no blanquear las acciones de la policía política"; "se quería utilizar a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para obtener un amparo legal e institucional que nunca les dimos".

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo, Manuel García Castellón, que investigue a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, entre los que se encuentran Pedro Calvo y Juan Bravo, colaboradores cercanos del expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón.

El ex espía Litvinenko resultó asesinado en plena colaboración con España para desmontar la mafia rusa y georgiana que operaba en el país. La muerte del ex espía Alexander Valterovich Litvinenko dejó a la policía, a la Guardia Civil, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional sin una buena carga de munición incriminatoria contra los miembros de la mafia georgiana.

La Fiscalía recurrirá la providencia del juez Juan Carlos Peinado en la que rechaza la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de testificar por escrito en la causa en la que investiga a su esposa, Begoña Gómez, por supuestos tráfico de influencias y corrupción en los negocios, informan fuentes fiscales. El Ministerio Público tiene la intención de presentar en el Juzgado el recurso sobre la declaración de Sánchez en la mañana de este lunes, la víspera de su citación como testigo.

El Tribunal Supremo (TS) ha acordado dejar el 'caso Koldo' en manos de la Audiencia Nacional y no de la Fiscalía Europea al considerar que no se han visto afectados los intereses financieros de la Unión Europea. Lo que se investiga "es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales".

En dicha denuncia registrada ante la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Público, Ábalos especifica que la difusión de material privado que le afecta personalmente a él y a personas de su entorno habría "sido consentida". En ese sentido, la investigación que solicita "se dirige a quien tiene la obligación de preservar esta privacidad, que no son otros que los funcionarios que hayan intervenido en la investigación y quienes hayan sido custodios de esta".

El ministerio público toma la iniciativa tras la decisión del juez Peinado de acudir el 30 de julio a La Moncloa para interrogar al presidente del Gobierno. Esta institución prevé tomar dicha iniciativa después de que el magistrado Juan Carlos Peinado, responsable del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, haya acordado este lunes que irá el próximo 30 de julio al palacio de La Moncloa para, a partir de las 11.00, interrogar al jefe del Ejecutivo.

Vox y la asociación ultracatólica Hazte Oír han anunciado este sábado que han solicitado personarse en el procedimiento abierto en la Fiscalía Europea para investigar el uso de fondos europeos en contratos públicos con los que tuvo relación Begoña Gómez.La Fiscalía Europea reclamó a la Justicia española la parte principal del caso en la que está investigada Gómez en una causa sobre presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias por una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias.

Resalta que ninguno de los delitos por los que pidió hasta 27 años de prisión supuso una violación grave de derechos humanos. La Fiscalía presentó en su día un escrito de acusación que reclamaba 27 años de prisión para ocho detenidos en la operación Judas y ocho para otros cuatro. El Ministerio Público considera que las actividades de la célula radical surgida de los CDR, autodenominada ERT (Equipo de Respuesta Rápida), supusieron la comisión de delitos de pertenencia a organización terrorista y, para ocho de los investigados, también de tenenc

La Fiscalía calcula que, a fecha de junio de 2022, el periodista contrajo una deuda con Hacienda de 3,2 millones de euros y le acusa de un delito de frustración de la ejecución -antes denominado alzamiento de bienes-. Por ese delito pide para él 4 años y 6 meses de prisión, una multa de 31.500 euros y el pago de una indemnización a la Agencia Tributaria de 1,3 millones de euros, que presuntamente habría evadido entre 2011 y 2014.