Eduardo Zaplana volverá hoy a pedir que se aplace el inicio del juicio del caso Erial a causa de la enfermedad cardíaca que afecta a su letrado, que no podrá asistir al expresident valenciano, y lo podría conseguir. Esta petición ya la realizó el Zaplana la pasada semana, cuando su abogado, Daniel Campos, fue ingresado en un hospital, donde permanece ingresado. Pero la Audiencia de València decidió mantener la fecha prevista para el inicio de una vista oral en la que hoy se abordarán las cuestiones previas.

Aunque la Audiencia Nacional lo había fijado para el uno de marzo, finalmente se ha aceptado la solicitud de la propia Cassandra después de renunciar a su abogado de oficio, lo que la dejaba en situación de indefensión. Ese abogado trató de basar su defensa en la enajenación mental de la acusada sin siquiera consultarle.

En una decisión de 6-3, la corte dictaminó que el cargo de “obstrucción de un procedimiento oficial” imputado a Joseph Fischer, antiguo agente de policía y alborotador, se utilizaba de forma demasiado amplia. Agregó que el gobierno tendrá que probar que el acusado “perjudicó la disponibilidad o integridad que se emplea en un procedimiento oficial de registros, documentos, objetos u otros elementos utilizados en un procedimiento oficial, o intentó hacerlo”. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, que emitió la opinión mayoritaria

La familia recurrirá al Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia de Sevilla que deja impune las mentiras en el juicio de Francisco José García y Rosalía García. Antonio de Castillo ha denunciado el hecho de que el juez haya tomado partes de la sentencia del juez de menores y la sentencia del juicio para los mayores de edad. "Siempre a beneficio del sinvergüenza". "Nuestro verdadero enemigo ya no es 'El Cuco' o Miguel, son los jueces".

«El auto carece de cualquier razonamiento jurídico», dijo contundente la Fiscalía, que desmontaba la denuncia del grupo ultra por tener «un relato insuficiente y carente de la más mínima precisión». Según la Fiscalía, ni la denuncia ni el auto del magistrado justifican el delito de tráfico de influencias porque las cartas de apoyo firmadas por la esposa de Pedro Sánchez son «un trámite usual en los procedimientos administrativos en cuestión»

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha ordenado reabrir, tal como ha adelantado Levante-EMV en exclusiva este martes, la causa por el incendio de Campanar y retomar la investigación para dirimir las posibles responsabilidades por el trágico suceso que costó la vida a 10 personas, tres de ellas menores de edad (dos hermanos de 3 años y ocho días de vida y una niña adolescente de 14 años).

El Juzgado de Primera Instancia número 59 de Madrid condenó a Luis ‘Alvise’ Pérez en el caso de Manuela Carmena. ¿El motivo? Publicar en redes sociales una noticia falsa sobre la exalcaldesa de Madrid. Un juzgado madrileño condenó a Luis ‘Alvise’ Pérez a indemnizar con 60.000 euros a José Luis Ábalos por publicar en redes sociales imágenes de Ábalos sacadas sin su consentimiento en el jardín de la casa del político del PSOE. A Ana Pastor sociales a la periodista de Newtral y la Audiencia Provincial de Madrid le condenó por ello a pagar 10.000€

El auto de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de València sostiene que "no puede descartarse de una manera clara" la comisión de un ilícito penal por parte de la dirigente de Compromís

La sección cuarta, que archivó la causa contra el PP de València por el presunto pitufeo ve «como hipótesis plausible» la «ocultación» del abuso cometido por el exmarido y desprotección en la menor.

Desde febrero de 2021 hasta septiembre de 2022, la investigada “introducía las agujas de las jeringuillas” en los menores “sin llegar a inocular el contenido de las mismas”

Por estos hechos, por los que la víctima estuvo hospitalizada casi un año y sufre secuelas irreversibles, la fiscalía pide para el procesado 45 años de prisión como presunto autor de un delito de agresión sexual y otro de asesinato en grado de tentativa. Además, el Ministerio Fiscal ha solicitado al tribunal que la joven no tenga que comparecer durante la vista oral. Basándose en un informe , el ministerio público ha solicitado a la Audiencia de Barcelona que se reproduzca la prueba preconstituida para evitar revictimizar a la joven.

Tomando como referencia el vilipendiado análisis de "los límites de crecimiento", podemos concretar el acercamiento a los picos que se anticiparon hace más de 50 años.[...] Ahora más que nunca, la aparición de un cisne negro en cualquier formato, tiene el potencial para hacer estallar el castillo de naipes que sostiene toda la estabilidad mundial. Luego se buscarán las respuestas a por qué todo se derrumba, cuando en realidad es sorprendente que no lo haya hecho ya.

Hunter Biden está acusado de falsificar información personal en un formulario sobre posesión de armas de fuego

Los testigos en las diversas causas penales contra el ex presidente han obtenido aumentos de sueldo, nuevos empleos y mucho más. Si algún beneficio estaba destinado a influir en el testimonio, eso podría ser un delito.

La campaña de Trump y grupos afines recaudaron casi 300 millones en donativos en mayo.

Los tres delitos por la compra y posesión de un revólver están penados con un máximo total de 25 años de prisión, pero no se suele imponer un castigo tan alto en un caso así.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este lunes sentir un "amor ilimitado" por su hijo y orgullo por su resiliencia, en un comunicado en el que se negó a hablar del juicio por posesión de armas contra Hunter Biden que comenzó este lunes en Wilmington (Delaware). El hijo de Biden está acusado de mentir en octubre de 2018 cuando no reconoció que consumía drogas en un formulario para comprar un revólver

La existencia o no de dichos pactos no se conocerá de cualquier modo hasta este martes, cuando comience el juicio, si bien fuentes próximas al caso los dan por seguros con al menos cuatro de los cinco acusados. Estos serían los tres proxenetas imputados, que están acusados de delitos de cohecho pasivo y se enfrentan penas de entre un año y un año y medio de prisión, y el cabo de la Guardia Civil .