La alcaldesa del pueblo, María José Gallego, pone las cifras exactas: “hablamos de unas 110" entre las viviendas ocupadas "o bien denunciadas o bien reseñadas por policía y Guardia Civil”. Una situación que intenta contener y por lo que recibe amenazas de las mafias. La problemática de Yuncos se extiende ya por toda la comarca de La Sagra (Toledo) donde se registran hasta 800 viviendas ocupadas.

El delito de usurpación (ocupación) consiste en tomar posesión pacífica, sin violencia ni intimidación, de un inmueble deshabitado sin consentimiento del propietario y con la voluntad de vivir de manera continuada en él. Hasta 1995 este tipo de ocupación no era delito. Si alguien ocupaba un inmueble abandonado para vivir, el propietario podía acudir a los tribunales civiles y recuperar la posesión de su vivienda. El ocupante era desahuciado pero no se le imponía ninguna pena ni cargaba con antecedentes penales.

No es solo que ambos conceptos tengan una terminología distinta sino que también jurídicamente gozan de un significado diferente y de una penalidad distinta aunque a priori pudiera parecer que engloban conceptos similares.

Una familia de Antequera está a punto de quedarse en la calle. Se trata de una pareja con dos hijos, de tres y de seis años. Ambos están en paro y en “riesgo de exclusión social”. El Ayuntamiento los ha llevado ante los juzgados y por la vía penal por un presunto delito de “usurpación de vivienda"

Romana, camarera y actriz, paga 799 euros de alquiler al mes en Madrid por un piso de 20 metros cuadrados. "Vivo en la peseta", lamenta en directo desde el plató de laSexta Xplica. Así, cuenta que se ve obligada a dejar el piso al romper la relación con su pareja. "Sola no puedo pagar ese piso", añade. La joven asegura que las declaraciones del resto de jóvenes son una prueba de que "el futuro está súper negro".

Conscientes de que se ha convertido en el gran quebradero de cabeza de sus ciudadanos, por encima de otros problemas cotidianos, como los sueldos o el tráfico, las autoridades del Principado han decidido lanzar un ambicioso paquete de medidas que atajarán de una tacada algunos de los grandes desafíos inmobiliarios de la región: la escasez de pisos con alquileres asequibles, la proliferación de apartamentos turísticos y los efectos que la inversión extranjera tiene en su mercado residencial.

Los apartamentos turísticos se han triplicado en la Comunitat Valenciana en la última década. Los datos del Gobierno valenciano indican que en julio de este año había 105.111 viviendas registradas, frente a las 38.319 que había en 2015, una cifra que no tiene en cuenta los apartamentos irregulares, que podrían duplicarla. Solo en los seis primeros meses de 2024 se han registrado más de 6.000 apartamentos turísticos en el territorio.

La fortaleza de la demanda y la escasez de producto (con especial impacto en la obra nueva) seguirán marcando el rumbo del mercado residencial español, que en los últimos meses ha dado muestras de su vigor y resiliencia. Esa coyuntura de mayor demanda y reducida oferta se traducirá en un aumento de precios del 5% en 2024 y del 4,7% en 2025. Descontando el impacto de la inflación, el incremento sería del 0,7% y del 1,6%, respectivamente, según las previsiones recogidas en el Observatorio Inmobiliario de BBVA Research.

El Gobierno de Javier Milei entrega la política de vivienda a los empresarios que lideran el lobby inmobiliario. El Gobierno nacional anunció a bombo y platillo una línea de créditos hipotecarios atados a la inflación. Una estafa a la que por suerte pocos pueden acceder. Nada sorprende de un Gobierno que se asume admirador de las políticas de Margaret Thatcher, quien desarmó (remató) todo el sistema público de vivienda de Inglaterra. El encargado de llevar adelante la política de privatización y mercantilización de la vivienda fue Mark Boleat.

En la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Paracas, un espacio que opera como un cinturón de protección para contener los impactos sobre el área protegida, un controvertido hotel abrió sus puertas al público en 2023. Se trata del Hotel Boutique Atenas propiedad de un expolicía con un historial de conflictos por la propiedad de terrenos que no solo no cuenta con los permisos obligatorios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, sino que se construyó sobre un predio que actualmente es disputado en un juicio por usurpación .

Gráfica que compara construcción de viviendas con crecimiento demográfico en España. Fuente spainhousing.eu

Teniendo como único principio que "cuantos más turistas lleguen, mejor". "Cada día que pasa se van a sufrir más las consecuencias de no haber desarrollado una política efectiva de vivienda pública de alquiler en los últimos 70 años". Esto podría seguir empeorando, haciendo que el acceso a la vivienda sea cada un proceso más complicado. Al no haberse controlado en ningún momento, ha desembocado en lo que se está viviendo actualmente, con unos precios de la vivienda que impiden la compra o alquiler de muchas personas.